Un PSOE en clave electoral arremete contra la Junta por su «boicot» a la ley de vivienda

La vivienda es, pues, el primer ariete que empuñan los socialistas en la carrera electoral que desembocará en cita con las urnas del 15 de marzo de 2026. Con él arremeten contra los muros levantados por la Administración regional -y por otros ejecutivos autonómicos presididos por el Partido Popular en España- contra los que chocan los intentos de declaración de zonas tensionadas. También consistorios en manos del PP han frenado en seco mociones que seguían este propósito. Para muestra cercana, el de El Espinar, que rechazó el pasado año una petición para pedir a la Junta la citada declaración. La moción contaba con el respaldo de Izquierda Unida y los socialistas y fue tumbada por la mayoría popular en la corporación y la abstención de Vox.

El alcalde, Javier Figueredo, expuso entonces que el mercado inmobiliario en esta localidad, la segunda más poblada de la provincia por detrás de la capital, «es un ejemplo casi perfecto de lo que significa el equilibrio entre oferta y demanda». El regidor añadió en sus argumentos que «el municipio ha aumentado la población en los últimos años en más de mil habitantes y todos han buscado un hogar regulando el mercado de la vivienda».

En la ciudad del Acueducto, los movimientos políticos que han ido encaminados a aplicar el índice de precios de referencia para delimitar las zonas residenciales que se ven tensionadas por las altas rentas que se pagan por los alquileres también han caído en saco roto. Primero, hace más de dos años, en mayo de 2023 cuando la alianza de PSOE e IU apuraba la presidencia de la corporación antes de las elecciones, la Junta se opuso a la moción aprobada que conminaba al Ejecutivo autonómico a cumplir la nueva ley de vivienda del Gobierno de España con el objetivo de declarar las zonas tensionadas en la capital.

Los cálculos señalan que el abaratamiento del arrendamiento medio en la ciudad sería de unos 300 euros, lo que se extrapolaría también al resto de la provincia con una reducción de aproximadamente 40 euros mensuales. Esto supondría un ahorro de entre 480 y 3.600 euros al año a las familias inquilinas.

Por otro lado, el Real Sitio de San Ildefonso, con un gobierno municipal socialista, también ha tratado sin éxito que el Ejecutivo regional del Partido Popular aprobara la declaración de zona residencial tensionada. El Ayuntamiento de Cuéllar, en manos de PSOE e IU, también ha promovido la iniciativa para atajar las diferencias de rentas y delimitar unos máximos en los arrendamientos que se pagan.

José Luis Aceves hace hincapié en la necesidad de atajar la crisis de la vivienda y poner fin a la situación actual de «precios abusivos y falta de oferta asequible, lo que está expulsando del mercado inmobiliario a amplias capas de la población, especialmente a la juventud y a las familias trabajadoras». En este sentido, ha recriminado a la Junta que opte por «la inacción, el rechazo o el boicot» a la ley nacional y que «haya centrado sus políticas en la liberalización del suelo y la especulación urbanística».

El secretario general del PSOE en Segovia ha lamentado que, como consecuencia de esa política, «los jóvenes no pueden emanciparse y familias deben destinar más del 40% de sus ingresos al alquiler». En la provincia, solo el 14,4% de los jóvenes pueden independizarse y vivir por su cuenta fuera de la casa de sus padres.

El comité ha tachado de «dramática» la situación de la vivienda en Segovia, que es el territorio más caro de Castilla y León para vivir de alquiler, «con un precio medio de 12,24 euros por metro cuadrado al mes». José Luis Aceves lo achaca a «la falta palpable de una política estructural por parte de la Junta, que lleva quince años sin elaborar un plan estratégico de vivienda».

Otro dato que se ha puesto encima de la mesa del encuentro de los socialistas es que tres de cada diez solicitantes de ayudas al alquiler en la comunidad autónoma se quedan fuera cada año por «la mala gestión, la escasa dotación presupuestaria y una regulación obsoleta», critica el secretario general socialista en la provincia segoviana. «Para más inri, es prácticamente imposible encontrar un alquiler por debajo de los 550 euros, el tope marcado por la Junta para acceder a la ayuda», apostilla en su queja. 

Una de las medidas por las que apuesta el PSOE para favorecer el acceso a un hogar es la «urgencia por garantizar que la vivienda protegida permanezca en el parque público para siempre, sin que pueda ser vendida, conforme a la Constitución y las Leyes de Vivienda estatal y autonómica».

A mayores, los socialistas segovianos reclaman a la Junta de Castilla y León a redacción de un estudio que diagnostique la falta de oferta de vivienda, analizando el precio de compra o alquiler de los últimos cinco años y si los gastos de alquiler superan el 30% de los ingresos medios de los hogares.