Segovia

El Procurador del Común considera la contaminación de acuíferos un «problema estructural»

El Instituto Nacional de Estadística (INE) detalla que dos tercios del volumen de agua captado procede de las aguas superficiales y apenas un 25%, de manantiales subterráneos. Estas proporciones no se repiten en Segovia, donde el abastecimiento tiene su origen mayoritariamente en pozos -excavados o entubados-, acuíferos o canales bajo tierra, entre otros. Estas fuentes son más susceptibles a la contaminación difusa, también conocida como no puntual, donde la detección y control de la causa es muy complicada.

Es una situación adversa motivada por la presencia de elementos químicos -particularmente nitratos, pero también arsénico y fluoruros- en cantidades por encima del umbral recomendable. Esto obliga a declarar el agua no potable, lo que en ocasiones se trata de un suceso persistente. Una veintena de ayuntamientos segovianos han tenido que enfrentarse a problemas de este tipo en el periodo más reciente, entre los que el defensor autonómico destaca Muñopedro, Navares de Ayuso, Cuevas de Provanco, Marazoleja, Cantalejo (Valdesimonte), Cabañas de Polendos o Tabanera la Luenga. De este modo, el Procurador abrió un expediente para poner solución a estas incidencias que suponen un importante perjuicio para los vecinos.

El departamento dirigido por Tomás Quintana inició su investigación de oficio hace más de dos años y, en este tiempo, ha constatado que hay consistorios que han implantado unas correcciones inmediatas ante los casos de contaminación mientras que otros han adoptado iniciativas paliativas temporales, como es el reparto de agua embotellada. Estos episodios han mostrado «la debilidad de las haciendas locales, la limitada disponibilidad de personal técnico y la dispersión poblacional» que dificulta la resolución de las incidencias con medios propios.

Esto se debe a que la falta de potabilidad no solo obliga a «activar con urgencia suministros alternativos» con elevados costes económicos, sino que además genera «una incertidumbre sostenida» y una desconfianza entre la población. Si bien es cierto que reconoce que la Diputación de Segovia ha puesto en marcha un plan de sequía y proyectos estratégicos para abordar esta situación, el defensor considera que debe ir más allá.

«Todas estas actuaciones no alcanzan por sí solas a corregir la magnitud y persistencia del problema ni a proteger adecuadamente a la población», subraya el Procurador. Hace hincapié en aquellos colectivos que son vulnerables, como los bebés, las embarazadas o las persnas con enfermedades. «Mantener en el tiempo soluciones de emergencia no puede ser la respuesta ordinaria», por lo que insta a identificar con criterios objetivos los puntos críticos para priorizar inversiones y así dotar a los ayuntamientos de soluciones de tratamiento del agua.

Esta recomendación consiste en transitar desde un modelo «bajo demanda» a otro «preventivo y proactivo». De ahí que se proponga la elaboración de un plan plurianual que permita identificar las localidades que están en riesgo de sufrir contaminación para anticipar la aparición de los episodios y el diseño de líneas estables de ayuda económica instalar o mantener los sistemas de tratamiento, así como para ejecutar nuevas captaciones o mejoras en depósitos y bombeos. Todo ello sin olvidar el protocolo de medidas urgentes. El objetivo es que el acceso «seguro y continuado al agua potable» quede garantizado para el conjunto de la población segoviana.