Los juzgados rurales siguen sin la vigilancia que reclaman los jueces
Hace semanas una abogada del turno de oficio sufrió un intento de agresión en el Palacio de Justicia de Segovia
laura lópez
Segovia
Jueves, 4 de marzo 2021, 10:00
El pasado 1 de diciembre, un impactante suceso en Santa María la Real de Nieva puso una vez más sobre la mesa la cuestión de ... falta de seguridad para los profesionales que ejercen en los juzgados únicos, especialmente en la provincia de Segovia. Pasadas las dos de la tarde, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad, María Sonsoles Sanchidrián, abandonaba la sede judicial cuando fue atacada por un hombre que la agredió con un destornillador hasta que llegó a la Guardia Civil y le detuvo en el acto. El agresor había sido notificado con una sentencia contraria a sus intereses que había emitido la jueza el día anterior. La víctima fue trasladada al hospital con heridas que parecían leves, y aunque unas horas más tarde ingresó en la UCI con un neumotórax en estado grave, finalmente recibió el alta once días después.
El suceso conmocionó a la opinión pública dentro y fuera de la provincia, y despertó la repulsa del mundo judicial, manifestada en forma de protesta en los días posteriores en sedes judiciales de Segovia, pero también en otros lugares como la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), donde su presidente, José Luis Concepción, reclamó, como ya dijo que había hecho otras veces, medidas de seguridad para la veintena de juzgados únicos que hay en la comunidad.
El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, recuerda que ese mismo día redactó un escrito que remitió al TSJCyL en el que daba cuenta de lo ocurrido y pedía que se adoptaran las ansiadas medidas de seguridad. «La Gerencia Territorial dispuso un guardia de seguridad el mismo día en el juzgado de Santa María para tranquilizar a los funcionarios por lo que pudiera pasar, pero el Ministerio de Justicia ordenó que lo quitaran», relata el magistrado. Ante esta situación, él mismo pidió por escrito que se establecieran medidas, no sólo para esta sede, sino para todos los juzgados que se encuentran aislados en los pueblos.
Los abogados, otro blanco del odio
El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz, explica que los abogados también son objeto de violencia verbal en algunas ocasiones por causa de su trabajo, aunque habían tenido que lamentar ningún caso de agresión en los últimos años. «Bastantes compañeros tienen sus problemas, pero tenemos que darnos media vuelta y callarnos», comenta el letrado.
El último incidente ocurrió hace apenas unas semanas en una de las salas de espera del Palacio de Justicia, cuando la abogada de oficio, Lara González, sufrió un intento de agresión por parte de una mujer, a cuya pareja defendía en un juicio González. Según explican fuentes cercanas, la mujer abordó a la abogada, la insultó y trató de agredirla con una patada en la misma entrada del Palacio de Justicia, situado en la calle San Agustín.
Julián Sanz considera que situaciones incómodas son habituales, por desgracia, para el gremio. «Al final cabas dejando pasar, porque si tuvieras que denunciar cada cosa, estaríamos toda la vida en el Juzgado», opina el representante del gremio. A menudo estas agresiones verbales se quedan en «malos modos» o «insultos» de personas que se muestran descontentas con el devenir de un proceso judicial, pero en alguna ocasión compañeros han sido objeto de persecución.
Sanz dice no tener claro si la negativa del Ministerio de Justicia para negarse a dotar de mecanismos de seguridad a los juzgados de los pueblos responde a una falta de presupuesto, de interés, o es que realmente piensan que no existe tanta conflictividad como se denuncia. En su opinión, como mínimo tendría que haber mecanismos de control de entrada y salida y revisar en qué condiciones se hace, para que nadie pueda introducir armas. «Evidentemente no puedes poner un escolta a cada juez así que al final, acabas tomando medidas preventivas como mirar dos veces atrás y a los lados cuando vas caminando», expresa el abogado.
En su opinión, la mayoría de personas no están familiarizadas con el mundo judicial porque muy pocas personas pasan a lo largo de su vida por un proceso del tipo. Este distanciamiento hace que las personas, cuando se conocen ciertas investigaciones que acaban en los medios de comunicación, como la desaparición de Diana Quer en 2016, apelen a su lado emocional, lo personalicen y no confíen en el funcionamiento de la Justicia: «Seguro que si se hubiera hecho una encuesta, mucha gente hubiera querido que se colgara al responsable, porque la gente piensa en sí mismo, o en si le hubiera pasado a su hija, pero en realidad impartir Justicia es complicadísimo, y aun así se hace de la mejor forma posible, con los ojos vendados», apunta Sanz, en referencia a la representación de esta cualidad en la mitología griega.
Sobre las decisiones de Justicia, Pando opina que en su momento retiraron al vigilante por miedo a que esto pudiera sentar un precedente y el resto de sedes que están en la misma situación de desprotección replicasen la demanda. Acerca de por qué, con el paso de los años, no han atendido la misma reivindicación, sopesa que sea una cuestión de presupuesto: «Para el Ministerio supongo que es un gasto muy grande tener a una persona en cada juzgado», reflexiona. Pero en su opinión, si se decide tener estos juzgados aislados es una decisión «política», que debería incluir la dotación de medidas de seguridad a estas instalaciones, de la misma forma que se instalan los ordenadores o el sistema de grabación de los juicios.
Actualmente, en la provincia, solo el Palacio de Justicia donde se encuentra la sede de la Audiencia Provincial está dotado de un sistema de seguridad compuesto por cámaras de vigilancia en el perímetro y dentro del edificio, un arco de seguridad, un equipo de escáner con rayos X, dos vigilantes de seguridad privada y un agente de la Guardia Civil. En la sede de la calle Fernán García, donde están ubicados dos Juzgados de lo Penal, hay un vigilante de seguridad y, en ocasiones puntuales, como por ejemplo cuando se va a celebrar un juicio por un delito grave, se desplaza un agente de la Guardia Civil para reforzar la seguridad.
Un acercamiento más humano de la imagen del juez
En opinión de Ignacio Pando, la forma que tiene la opinión pública de ver a los jueces ha cambiado con el paso de los años, a medida que han ingresado en la carrera judicial personas más jóvenes: «Ya no se piensa tanto en una persona aislada del mundo, que vive en una burbuja, sino que se sabe que hay jueces de todo tipo y que, en su mayor parte, son personas normales y corrientes como los demás», reflexiona.
Ha señalado que las situaciones graves como la vivida el pasado mes de diciembre en Santa María son «casos excepcionales» y que la norma es el respeto a la labor de los magistrados. «Cuando resuelves en un proceso, das la razón a unos y se la quitas a otros y es normal que esa parte no esté de acuerdo», explica Pando, quien insiste en que los casos de personas que están «tan al límite» como para recurrir a la violencia tras este tipo de decisiones conforman casos muy extraordinarios.
Para contribuir a esa especie de 'humanización' de la figura del juez, el magistrado ha puesto en valor algunas iniciativas llevadas a cabo por el Poder Judicial, como las jornadas de puertas abiertas para escolares o el público en general, o actitudes de sus miembros como estar abiertos a colaborar con los medios de comunicación. «Lleva mucho tiempo cambiar los clichés de los grupos sociales, es muy complicado y lleva mucho esfuerzo… pero hay que insistir en ello», asegura.
En el resto de sedes de la capital no se dispone de estos métodos seguridad, como en el de Menores, el de lo Social, el de lo Contencioso-Administrativo, o el número 5 de Primera Instancia e Instrucción, pero Pando valora que no constituye un riesgo importante porque están ubicados en el centro de la ciudad, cerca de edificios como la sede de la Subdelegación del Gobierno, que tiene seguridad, o de la Comisaría de Policía Nacional, en el caso del ubicado en la calle Ezequiel González.
Por ello, los que más preocupan son los juzgados rurales, que en esta provincia son los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda, Cuéllar y Santa María la Real de Nieva. Estos sólo disponen de cámaras de seguridad y un sistema de videportero. En opinión de Pando, aunque estos medios dotan a las sedes de «mayor tranquilidad», no son una solución: «Esto no permite saber si hay alguien con una intención mala que quiera entrar, a no ser que le veas con un arma por la cámara, lo que es poco probable», señala.
Ignacio Pando, antes de ser presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, pasó por diferentes tribunales y Juzgados en Reinosa (Cantabria), San Sebastián (País Vasco), Burgos y Ávila, y si bien es verdad que en ninguno de estos lugares ha trabajado en sedes judiciales que estuvieran desprotegidas o aisladas, afirma que nunca ha sentido miedo por su profesión: «Ni me lo he planteado, igual es que no tengo cabeza», bromea. «Creo que los jueces, en general, no tenemos miedo», señala Pando, que añade que, además, Castilla y León es una comunidad «tranquila» en este sentido.
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