La justicia segoviana hace «piña» frente al «atentado» contra la jueza de Santa María y para reclamar más seguridad

Esta unión de fuerzas en la condena a los hechos acontecidos este martes ha sido masiva. Más de un centenar de personas relacionadas con la judicatura en la provincia se han concentrado ante las puertas de la Audiencia Provincial, en la calle San Agustín de la capital. Como ha manifestado el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz, este acto de solidaridad con la magistrada, que se ha repetido en numerosas sedes judiciales de España, escenifica cómo la abogacía y todas las piezas del engranaje de la administración de justicia han hecho «piña» para desear a la jueza una pronta recuperación. En este sentido, el letrado y el presidente del Consejo Regional de la Abogacía, el segoviano Julio Sanz Orejudo, han compartido el deseo de todos los profesionales de que «podamos recibirla con los brazos abiertos cuando se reincorpore».

Entre las numerosas manifestaciones de repulsa que se han sucedido durante la concentración, Julio Sanz Orejudo ha definido la agresión a María Sonsoles Sanchidrián como un «atentado contra uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho como es el Poder Judicial». Estas palabras están en la línea de las que ha expresado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el también segoviano José Luis Concepción, quien ha calificado el ataque a la magistrada como «un atentado no solo contra la integridad física de la jueza, sino también un atentado contra las normas de convivencia» de los españoles. «No es admisible acudir a la violencia como forma de discrepancia», ha añadido en presidente del Alto Tribunal autonómico en la manifestación que ha tenido lugar en Burgos.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, también ha hablado por boca de toda la judicatura al rechazar el ataque padecido por la magistrada, a la que también ha deseado una pronta recuperación y confía en que la evolución del estado de salud de la jueza sea favorable.

Pando, como portavoz de los diferentes estamentos de la administración de justicia, ha reclamado más medidas de seguridad en las sedes y órganos judiciales. «Llevamos muchos años pidiendo más medios de vigilancia y de seguridad, y aunque nunca pensamos que puede pasar algo así, al final ha ocurrido», ha lamentado el presidente de la Audiencia segoviana. «Es un hito, algo excepcional», ha precisado Ignacio Pando, lo que no resta un ápice de fuerza a la demanda de más protección, en particular en los juzgados únicos de Primera Instancia e Instrucción, como el de Santa María la Real de Nieva. En este edificio, al igual que en los que acogen los juzgados de Cuéllar y de Sepúlveda, solo hay cámaras de videovigilancia, ha especificado el máximo responsable de la Audiencia Provincial. En estas sedes de los pueblos se hace imperiosa la dotación de medidas de seguridad, han coincidido también los portavoces de la abogacía segoviana y regional.

El decano de la organización colegial provincial ha puesto de manifiesto la «sensación de inseguridad» que hay en estos órganos pequeños, ya que no hay ni guardas ni arcos de detección en los accesos. La situación en el resto de espacios que abarca la dispersa administración de justicia en Segovia tampoco es mucho más boyante. La Audiencia y los Juzgados de lo Penal son los que presentan un mayor dispositivo, con vigilantes jurados, arcos de seguridad por los que han de pasar cuantos entren las dependencias y el apoyo dela Guardia Civil, que se traslada de las estancias centrales de la Audiencia al Juzgado de Menores cada vez que hay una vista, según ha explicado Julián Sanz.

Ignacio Pando ha confirmado la petición formal trasladada a las instituciones competentes para que se dote de medios de protección y vigilancia al Juzgado de Santa María la Real de Nieva, aunque reitera que la carencia de medidas es común en el de Cuéllar, Sepúlveda y en otras sedes repartidas en la ciudad.

Por su parte, el presidente del TSJCyL también ha hecho hincapié en este problema extendido en toda la comunidad autónoma. Concepción ha indicado que de los 43 partidos judiciales en Castilla y León que corresponden a plazas que no son capitales de provincia, en veinte «no hay ninguna seguridad». Esta carencia ocasiona «problemas como el vivido en Santa María la Real de Nieva». El magistrado ha criticado «la ausencia de compromiso que el Ministerio de Justicia mantiene tradicionalmente con la seguridad de las sedes judiciales», ya que como también ha puesto de manifiesto el presidente de la Audiencia de Segovia, las solicitudes de medidas de protección se han sucedido en los últimos años sin que se haya hecho caso.