La Justicia investiga a los últimos alcaldes del Real Sitio por supuesta malversación

Las sombras acechan de nuevo a la administración presidida desde 2019 por el alcalde del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Samuel Alonso, así como a su predecesor y colega de siglas: el ahora procurador en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez. En clave política, el Real Sitio de San Ildefonso, es, junto a Cuéllar, el gran bastión que le queda a las siglas del puño y la rosa en la provincia tras las últimas elecciones municipales en als que perdió la Alcaldía de la capital.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirma que, hace unas semanas, el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia decretó el levantamiento del secreto de sumario de esta causa. Lo poco desvelado por la Sala Regional, que ha sido suficiente para convulsionar la vida cotidiana de los vecinos granjeños, es que hay tres personas que figuran como investigadas a raíz de las diligencias que ha practicado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, aunque hay matices.

Por un lado, están el actual alcalde y una funcionaria del Consistorio granjeño. Los supuestos delitos que se están indagando son, en ambos casos, por falsedad documental y malversación de caudales públicos. Por otra parte, en esta fase de instrucción también figura como investigado José Luis Vázquez. Quien fuera regidor del Real Sitio durante tres mandatos consecutivos, de 2007 a 2019, y en la actualidad procurador socialista por Segovia en las Cortes de Castilla y León, aparece investigado por dos posibles ilícitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

El matiz del que da cuenta el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia consiste en que el acta que le otorga al exalcalde un escaño en el Parlamento regional le hace poseer la condición de aforado. Así pues, el Juzgado número 5 se ha tenido que inhibir a favor de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de la región, que es el competente. De momento, este órgano «está pendiente de pronunciarse sobre la aceptación de la inhibición solicitada», puntualiza el Tribunal Superior.

Asimismo, esos mismos portavoces oficiales aclaran que el hecho de que se haya levantado el secreto de sumario no quiere decir que la información y los datos que ha ido recabando el juez sean públicos. «Los detalles concretos son reservados», recalcan. Solo disponen de acceso a esta documentación las partes implicadas en el procedimiento judicial en curso. La Sala Regional añade que, en estos momentos, el procedimiento se encuentra «en fase de instrucción con la práctica de diligencias».

Sin embargo, las actuaciones judiciales reavivan las dudas sobre la legalidad de determinadas operaciones realizadas por los distintos gobiernos socialistas que han pasado por el Ayuntamiento del Real Sitio.

Por el momento, Samuel Alonso, en viaje en representación del Consistorio, expresa su «máximo respeto al procedimiento judicial», como ya manifestó hace dos años, en plena campaña de las elecciones municipales, que es cuando se inició, recuerda el regidor. A su vez, avanza que «se darán todas las explicaciones oportunas cuando haya avances relevantes». Alonso reitera lo que ya afirmó en 2023, cuando rechazó haber incurrido el cualquier conducta delictiva.

Los grupos del Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) en la corporación han hablado entre sí para intercambiar opiniones y valoraciones ante posibles acciones futuras. De momento, se impone la cautela. José Luis Martín, portavoz de la bancada popular, la mayoritaria de la oposición, reclama al alcalde «explicaciones, igual que cuando salió con sus concejales para decir que se había archivado» una denuncia que interpuso el PP por unos supuestos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación a raíz de la liquidación de un expediente de ocupación de la vía pública tras un rodaje publicitario en otoño de 2022. El Juzgado número 3 de la capital segoviana archivó y los populares recurrieron ese fallo.

Martín subraya que antes de mover ficha está «la presunción de inocencia» de Alonso. «Son acusaciones muy graves», advierte antes de dar cualquier paso. Lo que sí solicita al regidor es que detalle «por qué está siendo investigado».

El portavoz de IU, Tomás Menéndez, también reclama las explicaciones públicas oportunas «en aras de la transparencia y por respeto a los vecinos y a la institución a los que representa». Cree que las declaraciones que puedan hacer Alonso y Vázquez «frenarían la rumorología y al especulación» sobre la gestión del Consistorio, cuya imagen es «de descrédito». En un tono algo más crítico, deduce que las diligencias judiciales muestran cuanto menos «las mayorías absolutas mal llevadas» por parte del PSOE a lo largo de los nueve mandatos encadenados al frente del gobierno granjeño. «Hacían y deshacían a su antojo sin escuchar a la oposición», lamenta.

Por su parte, Vox también opta por la prudencia y, al igual que todas las fuerzas políticas con escaño en la corporación llama a respetar y esperar lo que dictamine la instrucción judicial que se está llevando a cabo.

Martín y Menéndez se remontan años atrás para ubicar el origen de las indagaciones judiciales que han derivado en al menos dos registros de las dependencias municipales por parte de la Guardia Civil y en otras actuaciones instadas por el magistrado hasta llegar a esta fase de la instrucción.

Ambos portavoces apuntan a la adjudicación «sin concurso público» del servicio de mantenimiento de jardines de la localidad segoviana. El PP viene reprochando desde hace tres años a José Luis Vázquez y a Samuel Alonso «el gasto de 840.000 euros, la friolera de 17.500 euros al mes» por asignar a la empresa Valoriza «sin contrato, sin papel, sin un decreto de Alcaldía» dicha prestación durante un periodo que va de diciembre de 2017 hasta el mismo mes 2021. Los populares piensan que aquella decisión «sorteó todos los controles legales del dinero público.

Alonso rebatió estas acusaciones y declaró que el Ayuntamiento habría resuelto la deuda que había contraído con la anterior adjudicataria, que logró por la vía judicial que el Consistorio le abonase a plazos la cuantía que la debía. El alcalde recordaba que, desde su toma de posesión, en 2019, «hemos querido dar impulso» a recuperación de la gestión directa para «mantener los cinco empleos y va a permitir ahorrarnos 100.000 euros al año».