Los jubilados vuelven a pedir pensiones «dignas» en San Martín

No han cambiado las reivindicaciones del colectivo, alentadas por los sindicatos y los partidos de la oposición, aunque entre los políticos presentes esta vez solo fueran muy visibles alrededor de la estatua dedicada al comunero segoviano Juan Bravo el secretario general de los socialistas segovianos, José Luis Aceves, el senador Félix Montes, la procurador y alcaldesa de Cabezuela, Ana Agudíez, el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, concejales de la capital como Alfonso Reguera, José Bayón y Jesús García Zamora (este también miembro de UGT) y militantes de Izquierda Unida, entre otros.

Como es lógico, en la concentración cobraron protagonismo los secretarios provinciales de los sindicatos UGT y CC OO, Manuel Sanz y Alejandro Blázquez, respectivamente, y los responsables de las secciones de pensionistas y jubilados de ambos sindicatos, Miguel Ángel Tabanera y María Antonia Sanz, estos encargados de leer el manifiesto y las proclamas.

El menor apoyo a la movilización lo lamentaron los sindicatos porque en esta ocasión la convocatoria fue abierta a la participación de todos los colectivos y asociaciones, con sus logotipos y banderas si lo deseaban, mientras que el mes pasado fue convocada por la coordinadora estatal con la recomendación de no ostentar los distintivos. También hubo una presencia mucho más reducida de jóvenes en la concentración.

Tabanera lamentó la celebración de la prueba deportiva porque desde su punto de vista restó participación a la concentración de protesta, en parte porque coincidió con el horario y mucha gente acudió presenciar la media maratón y, por otro lado, porque resultó complicado moverse en coche por la ciudad.

La demanda de los concentrados al Gobierno es que mantenga «un sistema de pensiones público digno», con actualizaciones de acuerdo con el IPC real y salarios adecuados para los trabajadores jóvenes que garanticen las pensiones del futuro, las de los pensionistas actuales y las de quienes empiezan a trabajar. Una exigencia fundamental y reiterada es que las prestaciones por jubilación, invalidez y viudedad se revaloricen de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), con el fin de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, y por tanto que se derogue la Ley 23/2013 sobre sostenibilidad del sistema. Otra reivindicación es que el Gobierno derogue la reforma laboral, que ha supuesto la precarización laboral, sobre todo de los jóvenes, con salarios muy bajos que no cotizan lo suficiente para garantizar el sistema público.

Otras demandas son que la pensión mínima se establezca en 1.000 euros, que quienes hayan cotizado el periodo máximo pueden jubilarse de forma anticipada sin descuentos, y sobre todas impera la afirmación de que el aumento del 3% anunciado por el ministro Montoro y la ministra Fátima Báñez es discriminatorio porque no se aplica a todas las pensiones.

En febrero, en la provincia de Segovia había 59.068 cotizantes a la Seguridad Social (entre todos los regímenes, 1.094 menos que en 2010, antes de la crisis) y los pensionistas eran 33.057.

Los sindicatos volverán a reclamar garantías para el sistema público y pensiones «dignas» el próximo 1 de mayo.