La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que vulneró los derechos de entre 400 y 1.000 extranjeros

Lirio Martín, Mercedes Martín y el teniente coronel Ramírez, en la Subdelegación. / Antonio de Torre

Los agentes detienen a ocho personas, entre ellas a la cabecilla de la organización, una chilena con domicilio en Los Ángeles de San Rafael

Miguel Ángel López
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZSegovia

«Yo solo ofrezco trabajo, casa, comida», decía uno de los mensajes interceptados por la Guardia Civil. Otro, más evidente, precisaba que «vosotras tenéis que pagaros los billetes de avión», y en los siguientes quien se identificaba como Jackie añadía que se encargaba de todas las gestiones y que «venís con trabajo seguro». Esta es, en resumen, la forma de operar del grupo criminal dedicado a traer a ciudadanos de varios países sudamericanos a España, la mayoría mujeres, con la promesa de un empleo que casi nunca llegaba. Pero a todos, al menos 400 víctimas, les cobraban entre 250 y 500 euros por el 'servicio'. La Operación Adelita ha permitido a la Guardia Civil desarticular este grupo criminal, liderado por una chilena afincada en España (en Los Ángeles de San Rafael) desde hace años, que se hacía llamar Elena, con la detención de esta y otras ocho personas en Segovia, Huelva y Madrid.

Son al menos 400 las víctimas estafadas por esta red criminal. Podrían ser cerca de mil, según el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, José Luis Ramírez. Proceden de diversos países de Hispanoamérica, la mayoría de Honduras, Colombia, Nicaragua y Venezuela, y todas estas personas viajaron a España con escala en París, para llegar a Madrid, Sevilla o Los Ángeles de San Rafael a la espera del empleo prometido.

La Operación Adelita, coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Segovia, la ha llevado a cabo la Guardia Civil de Segovia en colaboración con la Jefatura de Información de la Guardia Civil, agentes de otras comandancias y el Servicio Especial de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha calificado este martes de «importantísima» esta operación para detener a los responsables de esta trama montada para favorecer la inmigración irregular de trabajadores, a quienes estafaban con el gancho de una presunta asociación con domicilio en la provincia de Segovia. La delegada ha comentado que han sido practicados dos registros y han sido detenidas ocho personas en Segovia, Huelva y Madrid, a quienes se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal organizado, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafa.

Arriba, una de las implicadas habla con una de las víctimas. Abajo, entrada en el domicilio del municipio de El Espinar y registro de la Guardia Civil. / Mº Interior

Este grupo criminal inició su actividad ilícita en noviembre de 2017, según los datos obtenidos por los investigadores, y ha actuado en la mayoría de las provincias de España. «Había creado una red de clientes y colaboradores por todo el territorio nacional que se encargaban de localizar y canalizar a los inmigrantes hacia puestos de trabajo escasamente remunerados y con condiciones laborales abusivas aprovechándose de la situación de precariedad de las víctimas», ha explicado Mercedes Martín.

Una canción de Territorio Doméstico

El nombre de la Operación Adelita viene de una canción mexicana, adaptada por el grupo de mujeres Territorio Doméstico, que el pasado mes de marzo presentaron en un disco con el que pretenden concienciar a la sociedad sobre la situación precaria e irregular de muchas mujeres inmigrantes, regulares o irregulares. La letra de la canción lo dice todo: «Si adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. Adelita, diez años currando, pero sigue siendo ilegal». Como las víctimas de la Operación Adelita, las tres mujeres que componen el grupo Territorio Doméstico salieron de sus países para buscar oportunidades, un futuro mejor; Altagracia es dominicana, Amalia, ecuatoriana, y Lucrecia, de Nicaragua. Su vivencia la han recogido en la canción 'Todas somos Adelita'. Y como ellas son las víctimas de la trama criminal que ha desarticulado la Guardia Civil en Segovia, Huelva y Madrid, que por ellas ha denominado así a la operación que ha permitido detener a los culpables.

Las víctimas llegaban a España por vía aérea desde París (a veces con escala en Panamá) y pagaban entre 250 y 350 euros a los responsables de la trama, en algún caso hasta 500 euros, y eran colocados en trabajos agrícolas o como empleadas de hogar, pero también permanecían en la vivienda de la cabecilla del grupo, a la que conocían como Elena, encargados de hacer trabajos domésticos, hacinados cuatro o cinco personas en una habitación y sin poder salir con la amenaza de que serían deportados. El 95% tenían la promesa de trabajar en el servicio del hogar, otros, casi todos varones, de trabajar en la recogida de naranjas en Huelva.

La delegada del Gobierno en Castilla y León y el teniente coronel Ramírez han indicado que «algunas de estas personas que eran colocadas como empleadas de hogar trabajaban en jornadas de más 14 horas diarias, sin días libres, sin contrato y sin ser dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social». La asociación social y cultural radicada en la provincia de Segovia creada por este grupo criminal se encargaba de captar a las víctimas y de blanquear y encubrir sus actividades ilegales.

La principal responsable de esta organización se hacía pasar por miembro de otro tipo de organizaciones legalmente establecidas y reconocidas, de ONG como Cáritas o Cruz Roja. Las amenazas y la situación irregular de las víctimas les han impedido, hasta ahora, denunciar su situación, si bien este lunes varias decenas de las personas afectadas han prestado declaración ante el Juzgado número 4 de Segovia.

Infracciones laborales

La investigación desarrollada por la Guardia Civil, la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado inicio a expedientes sancionadores contra los empresarios y empleadores de estos inmigrantes contratados en situación irregular. En el caso del servicio doméstico, la mayoría son familias que se aprovechaban de la «situación de vulnerabilidad de las víctimas» y que incurrián en situaciones de «codicia y falsa caridad», al pagarles salarios por debajo de los que están legalmente establecidos, entre 600 y 800 euros, y sin cotizar a la Seguridad Social.

Las presuntas infracciones de estos empleadores domésticos pueden llevar asociadas sanciones de un mínimo de 10.001 euros y un máximo de 100.000 euros, por haber cometido una infracción muy grave de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El teniente coronel José Luis Ramírez ha destacado que la Operación Adelita es el fruto del trabajo de muchos meses. La chilena que vivía en Los Ángeles de San rafael tenía contactos en Iberoamérica y colaboradores en toda España, y se aprovechaban de la situación vulnerable de las víctimas y del desconocimiento y la «caridad inocente» de algunos empleadores domésticos. Si desde diciembre han sido identificadas 400 personas, «a lo largo del tiempo podrían ser más de mil», ha manifestado el teniente coronel. La Guardia Civil sigue trabajando para tratar de identificar más.

El Juzgado número 4 de Segovia ha tomado declaración a varias decenas de afectados, que ahora están en régimen de protección y, por su colaboración con las fuerzas de seguridad y con la Justicia, podrán regularizar su situación en España.