Segovia

La falta de servicios en pueblos copan las quejas al Procurador del Común

El Procurador del Común, institución autonómica que tiende un puente entre los ciudadanos y las administraciones públicas para resolver dudas y conflictos, atendió el año pasado 113 quejas, lo que supone un aumento próximo al 20% respecto al mismo periodo de 2023. Es una cifra que se traduce en alrededor del 6% del conjunto de expedientes que se han abierto en la región. Como es habitual, la amplia mayoría -un 76%- fueron presentados por vecinos del medio rural y más de la mitad estaban dirigidos a los ayuntamientos.

No ha sido un periodo fácil para el defensor del pueblo, quien desde el principio tuvo que poner en marcha actuaciones de oficio tras conocer situaciones alarmantes motivadas por la despoblación en prácticamente todas las comarcas segovianas. Precisamente, la mitad de las resoluciones emitidas en 2024 obedecen a esta temática, que tienen como propósito principal velar por los derechos de los usuarios.

En primer lugar, se analizaron las deficiencias en el abastecimiento de agua potable en multitud de localidades, como son Lastras de Cuéllar, Ortigosa de Pestaño, Aldeasoña, Bercial, Cabañas de Polendos, Tabanera la Luenga, Cantalejo y Cobos de Segovia. A continuación, instó a los ayuntamientos a verificar la presencia de nitratos y otros contaminantes no solo en la propia red de abastecimiento municipal, sino también en las fuentes naturales de los respectivos territorios, y tomar las precauciones correspondientes.

Hay zonas de la provincia que aquejan especialmente el fenómeno de la despoblación. Ejemplo de ello es el nordeste, que experimenta serias dificultades a la hora de garantizar el abastecimiento de productos básicos, una lamentable situación que llamó la atención del Procurador. Los núcleos pertenecientes a Ayllón son los puntos más afectados por este motivo, de ahí que el defensor pidiese de oficio al Consistorio valorar la promoción o creación de nuevas tiendas, así como fomentar el transporte gratuito y la venta ambulante para facilitar la prestación del servicio comercial en el medio rural. Sin embargo, la resolución no recibió respuesta y fue archivada. Por su parte, la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León acogieron «favorablemente» la propuesta.

La carencia de recursos llega incluso a imposibilitar la prestación de servicios mínimos y obligatorios en algunas localidades, como sucede con Tanarro, dependiente de Sepúlveda, donde sus calles carecen de pavimento y aceras. El Ayuntamiento correspondiente no dio respuesta a la solicitud del defensor que apremiaba a ejecutar un plan de actuaciones con el fin de incluir el asfaltado de la calzada del pequeño núcleo poblacional en las prioridades.

El malestar de los residentes en el medio rural queda reflejado nuevamente en las recurrentes quejas por problemas de conexión a internet, de accesibilidad y de inclusividad en sectores como la educación, pero sobre todo en las deficiencias existentes en el transporte y la prestación de los servicios sanitarios.

Las peticiones relacionadas con este último ámbito se dispararon tras la pandemia y a día de hoy se mantienen, lo que ha llevado al defensor a investigar un caso en el que un enfermo tuvo que pasar varios minutos a la intemperie en la puerta de Urgencias del Hospital General hasta la llegada de una ambulancia. En suma a ello, un vecino alertó sobre la supresión de una plaza de médico de guardia en el ambulatorio de Nava de la Asunción, una cuestión que sigue pendiente de contestación por parte de la Administración autonómica.

La necesidad de realizar un mayor mantenimiento de las infraestructuras municipales ha motivado críticas que urgen labores de limpieza y desbroce en las calles de El Espinar, unas tareas que la propia institución defensora ha extendido a los ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes ante la proliferación de garrapatas. «Deben velar por el cumplimiento del deber legal de conservación que los propietarios tienen respecto de los terrenos», insiste en el expediente. Tanto Cuéllar como El Espinar, Palazuelos de Eresma, Real Sitio de San Ildefonso aceptaron llevar a cabo estas actuaciones, mientras que Segovia capital no dio respuesta a la petición.

La villa cuellarana secundó a su vez la exigencia de un particular de retirar la maleza existente en los arroyos para evitar inundaciones y sus consecuencias. Estas últimas protagonizaron una queja en otro punto del mapa, ya que un residente espinariego pidió diligencia a la hora de arreglar un socavón originado por una riada.

En esta ocasión, la preocupación por el medioambiente y la escasez de vivienda, temáticas que despuntaron en los expedientes de 2023, ha dado paso a la inquietud por la protección de los bienes patrimoniales, ya que se ha puesto el foco sobre el peligro de la desaparición de las ruinas del convento de la Hoz de Sebúlcor o la Cruz de Mirabueno de Fuentidueña. También se ha hecho hincapié en el embellecimiento de los pueblos con la retirada de cables de fachadas o la apertura de lugares emblemáticos al público, lo que ha llegado a buen puerto gracias a la aceptación de la iniciativa por parte de la Casa Palacio de los Contreras en Ayllón.

Por su parte, algunos de los temas que vuelven a repetirse un año más son los referentes a las «irregularidades» que se detectan en el ámbito urbanístico, la disconformidad de multas de tráfico en Segovia, las molestias por el ruido -ya sean de peñas o de la campana de las iglesia de un pueblo- y conflictos vecinales de diverso tipo.