El dueño de la parcela a expropiar junto al CAT se querellará contra Luquero por presunta prevaricación

Parcela valorada por el Ayuntamiento en 3.092 euros./Antonio de Torre
Parcela valorada por el Ayuntamiento en 3.092 euros. / Antonio de Torre

872.000 euros separan las valoraciones de los terrenos situados en Prado Bonal

QUIQUE YUSTESegovia

Una vez formuladas las hojas de aprecio para la expropiación de la parcela próxima al CAT, 872.000 euros separan las posturas del Ayuntamiento de Segovia y de la propiedad de los terrenos. Esta es la diferencia de precio que existe entre la tasación que ha realizado la Administración municipal y la reclamación de los propietarios de la parcela, que debe ser expropiada en cumplimiento de una sentencia judicial. La propiedad de la finca había solicitado 875.140 euros, cantidad a la que habría que añadir otros 43.000 correspondientes al 5% del premio de afección. Pero ahí no acababa la reclamación. También pedirán por responsabilidad patrimonial la diferencia de precio entre el que finalmente sea fijado y el que consideran real, que asciende a 1,5 millones de euros (según los cálculos realizados con otra enajenación similar). Una importante cantidad que nada tiene con la oferta del Ayuntamiento, que rechaza la hoja de aprecio presentada por la propiedad de la parcela y valora en 3.092 euros el precio de los terrenos.

Es tal la diferencia entre ambas valoraciones que los propietarios de la finca anuncian que presentarán una querella criminal contra la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y el técnico de Urbanismo al entender que existen indicios de posibles delitos de prevaricación, contra los intereses propios y falsedad en documento público. «La valoración realizada por los técnicos municipales es ridícula, absurda y manifiestamente contraria a Derecho», asegura la representación legal de los propietarios en el escrito en el que rechaza la hoja de aprecio municipal.

Los dueños de los terrenos aseguran que la administración no admite el valor de mercado de la parcela, que consideran ya está acreditado, «sino que tampoco asumen el proporcional al importe del IBI que el propio Ayuntamiento cobra». Afirman en su escrito que hasta 2016 el importe que el Ayuntamiento pretende cobrar (una parte está en los juzgados) a través del IBI por la parcela asciende a los 3.686 euros, cantidad que supera la valoración realizada por los técnicos municipales de la finca. «Los mismos terrenos tienen un valor catastral cincuenta veces mayor para cobrar el IBI que para pagar por su expropiación», subraya la representación legal de los propietarios, que utiliza este argumento como principal argumento para denunciar la existencia de indicios de un posible delito de prevaricación por parte de la alcaldesa y el técnico de Urbanismo. «Concurre el requisito de que la arbitrariedad ha sido adoptada a sabiendas», añade. El Código Penal contempla penas de inhabilitación especial para cargo público de entre siete y diez años por este tipo de delitos.

También observan los dueños del solar indicios de un presunto delito contra los intereses propios, al considerar «manifiesta la confiscación o expoliación de la parcela, por cuanto no tiene justificación de utilidad pública el hecho de expropiar unos terrenos y pagarlos con el IBI ilegalmente cobrado (o pendiente) a los mismos propietarios». Asimismo, consideran que hay indicios de delito de falsedad (con penas de prisión de tres a seis años) en la narración de los hechos de la alcaldesa y el técnico de Urbanismo. En concreto, indican que «faltan a la verdad» al asegurar que los terrenos son rústicos y nunca han sido ocupados por el Ayuntamiento.

Dos vías

Con la querella criminal anunciada por los propietarios de los terrenos se abriría una segunda vía en un conflicto que continúa su proceso administrativo. Sin acuerdo entre las partes, será la Comisión Territorial de Valoración el organismo que tendrá que decidir que propuesta es la más justa, si la presentada por el Ayuntamiento y que valora los terrenos en 3.092 euros, o la formulada por la propiedad que estima el coste de la parcela en 875.000. «Tienen que valorar entre una y otra. No hay término medio», explica el representante legal de los dueños de la parcela.

Además de los argumentos esgrimidos para plantear la querella criminal, los propietarios también rechazan en su escrito las premisas utilizadas por el Ayuntamiento para valorar la parcela. En concreto, aseguran que es «incuestionable» que los terrenos no son rústicos, como sostiene el Ayuntamiento, y que además forman parte de 'Servicios Comunitarios' relacionados con la ampliación de Baterías y el Círculo de las Artes y las Tecnologías. También sostienen los propietarios que los terrenos fueron ocupados de manera forzosa por el Ayuntamiento o que la superficie inscrita de los terrenos es de 9.400 metros cuadrados (el Ayuntamiento defiende que son 6.293 metros cuadrados).

 

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