El Ayuntamiento de Segovia lleva desde 2023 sin hacer chequeos médicos a sus trabajadores

La decisión acordada por el departamento que dirige la concejala de Organización y Personal, María Carpio, ha sentado mal entre los representantes que conforman la junta de personal. Pocas horas después de hacerse pública la externalización, este órgano colegiado y unitario ha emitido un comunicado en el que deja patente el «rechazo unánime» de todas las fuerzas sindicales a la propuesta de cambio promovida por el equipo de gobierno del Partido Popular (PP).

Esa suma de fuerzas significa que la Agrupación Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Segovia, que resultó mayoritaria tras las elecciones celebradas en 2023; la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF); el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) se oponen a lo que consideran «una privatización».

El presidente de la junta de personal subraya que la media «afecta a todos los empleados al servicio» del Ayuntamiento de la capital. Juan José García explica que antes de que el equipo de gobierno diera este giro en la gestión y control de las bajas laborales por enfermedad común, que consiste a grandes rasgos en concertar con una mutua -es decir, «con una empresa privada»- esas funciones, había un servicio de prevención y un médico, que se ha jubilado, que se hacían cargo de ellas.

El portavoz hace ver la desconfianza que ha generado la externalización entre los representantes sindicales de las plantillas. Se basa en experiencias de trabajadores con la compañía que también trata las incapacidades por accidentes de trabajo, ya que ha habido casos «en los que se ha negado a dar una baja» por dolencias derivadas del desempeño profesional. Luego, el afectado se ha visto obligado a recurrir al médico de Familia, a denunciar la situación para que al final fuera la Inspección de Trabajo la que determinara que su padecimiento se correspondía con un accidente laboral.

Visto lo acontecido, la unidad sindical de la junta de personal teme que la intervención de la mutua en contingencias comunes que no están vinculadas directamente a la realización de la labor diaria, por ejemplo una gripe, «sirva para ejercer más presión sobre los empleados que estén con una incapacidad temporal» por este tipo de motivos.

Esas dudas son las que hacen que Juan José García, como portavoz del resto de miembros del órgano colegiado, cuestione la idoneidad de que sea una mutua la que asuma ahora la supervisión de las bajas en enfermedades comunes. Añade a esos interrogantes el coste económico para el Consistorio segoviano. Aunque «nadie hace gratis su trabajo», matiza que «tenemos que creernos» que el anexo que concierta la nueva colaboración de la compañía no supone un gasto a mayores para las arcas municipales para beneficiar además a un negocio privado, como les ha trasladado la concejala de Organización y Personal.

El presidente de la junta de personal afirma que hay necesidades más relevantes en materia de salud laboral y prevención que debe abordar la administración que preside el alcalde, José Mazarías. Critica que, por ejemplo, «llevamos desde 2023 sin que nos hagan un reconocimiento médico» en esta 'empresa' pública que es el Consistorio de la capital segoviana. «No sé cuánto tiempo llevan diciendo que lo están intentado contratar», apunta García, quien califica de «vital» que se hagan esos chequeos para los diagnósticos precoces. De hecho, en esos exámenes se han detectado tumores que los enfermos desconocían que sufrían.

Además, la unanimidad sindical defiende «la calidad y eficiencia del sistema público de salud», que es la vía por la que se han venido tratando y comprobando las bajas por enfermedades comunes. En el comunicado difundido este viernes, el órgano de representación laboral opina que la externalización «va a ir en detrimento» de la sanidad pública, la cual cuenta con «unos estándares de calidad suficientemente acreditados», extensivos al servicio de Inspección.

«El Partido Popular no valora a los empleados municipales exponiéndoles al control de sus bajas por enfermedad común a través una empresa privada», concluye la queja de la junta de personal.