Segovia

El Ayuntamiento aportará 2 de los 27 millones previstos para La Costanilla

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, defendió durante el pleno que esta adhesión sitúa a Segovia «por primera vez en muchos años» en disposición de disponer de suelo industrial de titularidad pública, una de las principales debilidades estructurales del municipio. Recordó que el diseño del sector de La Costanilla «ha salido de esta Alcaldía y de este equipo de gobierno» y que la Junta prevé invertir 25 millones de euros en su desarrollo, a los que se sumarán los dos millones municipales. La intervención del edil subrayó que el documento aprobado constituye un «compromiso de futuro» y que las aportaciones económicas se concretarán una vez que el PTF sea aprobado definitivamente y detallado por la Consejería de Industria.

González-Salamanca explicó que el plan incorpora también medidas fiscales con las que la Junta pretende estimular la implantación y consolidación de empresas, y que estas bonificaciones afectarán igualmente al área industrial de Prado del Hoyo. El responsable de Urbanismo destacó que este corredor constituye «la salida natural» para el impulso del sector de titularidad privada al mejorar su accesibilidad y su competitividad frente a otras áreas industriales de la provincia.

Los portavoces de la oposición coincidieron en señalar la necesidad de ampliar el suelo industrial y de dotar a Segovia de una estrategia capaz de atraer inversiones, pero plantearon reservas sobre el alcance del plan, sus plazos y su encaje presupuestario. Noemí Otero, de Ciudadanos, aseguró que el PTF «llega tarde» y señaló al alcalde, José Mazarías, como responsable de la falta de avances previos en materia urbanística. Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha, reclamó una estrategia industrial «más amplia que las bonificaciones fiscales» y preguntó por qué Segovia recibirá una inversión inferior a la de otras provincias en materia de política industrial. En la misma línea, Ángel Galindo, de Izquierda Unida, lamentó la ausencia de medidas sobre industrialización verde o vivienda vinculada al desarrollo empresarial.

Vox, a través de su portavoz Esther Núñez, expresó dudas sobre la capacidad del Ayuntamiento para aportar los dos millones comprometidos y consideró que el plan «se queda corto». La portavoz socialista, Clara Martín, sostuvo por su parte que el documento «deja muchas preguntas sin responder», especialmente sobre la disponibilidad presupuestaria municipal, la necesidad de modificaciones urbanísticas y la ausencia de ordenanzas fiscales actualizadas para sostener el paquete de bonificaciones previsto por la Junta. El principal grupo de la oposición reclamó que el gobierno municipal explique cómo prevé cumplir los compromisos adquiridos «sin contar a día de hoy con los recursos necesarios».

González-Salamanca respondió que el PTF tiene un horizonte temporal de varios años con inversiones hasta 2030 y que las medidas urbanísticas y presupuestarias asociadas a su desarrollo en Segovia se irán planteando de manera progresiva. Criticó lo que interpretó como un ánimo de bloqueo por parte de la oposición, a la que acusó de anticipar votos en contra para futuras tramitaciones como los presupuestos, las ordenanzas fiscales o las modificaciones urbanísticas necesarias.

Antes de debatir sobre el fondo del asunto la tensión política ya era evidente por las formas de tramitación, con una carta enviada por la Junta la jornada del miércoles en la que insistía en la necesidad de aprobar con rapidez la adhesión del Ayuntamiento al PTF. Aunque la urgencia del debate fue aprobada por PP y PSOE, todos los grupos, incluidos los que respaldaron la sesión, cuestionaron los tiempos, la falta de información previa y el modo en que el gobierno municipal gestionó el expediente desde el 20 de agosto. Al igual que el pasado martes, las cinco formaciones de la oposición atribuyeron la premura a «improvisación», «mala planificación» e incluso «intereses electorales» del Alfonso Fernández Mañueco como candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León.