Confirmados 23 meses de cárcel para un preso que agredió a tres funcionarios

La Audiencia Provincial ha ratificado en segunda instancia la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia, de 19 de abril de 2021, que impuso un total de 23 meses de cárcel por un delito de atentado contra funcionarios de la autoridad, dos de lesiones graves y otro delito leve de lesiones, a un preso del centro penitenciario de Perogordo.

La sentencia detalla que se condena al acusado A.S.S. a 23 meses de prisión, por considerarle autor responsable de un delito de atentado, dos de lesiones, y uno leve de lesiones, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de alteración psíquica. Asimismo, se le condena al abono de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular ejercida por CSIF.

Además, se condena a indemnizar a los tres funcionarios agredidos, en concepto de responsabilidad civil, con 5.100 euros a quien sufrió deformidad de la articulación interfalángica distal con secuelas, 1.275 euros por las lesiones ocasionadas en el codo, y 700 euros al funcionario que sufrió lesiones en la rodilla.

El fallo considera probado que el interno A.S.S., sobre las 13:15 horas del día 17 de mayo de 2019, cuando se encontraba en la sala de televisión del centro penitenciario, «se dirigió hacia los funcionarios de prisiones que se encontraban allí, y de manera airada y sin respetar el principio de autoridad de los mismos, comenzó a propinar puñetazos laterales con los brazos, y les empujó, desplazando con violencia a uno de los funcionarios al que agarro del brazo y se lo retorció, por lo que tuvieron que sujetarle los funcionarios actuantes, sin parar el acusado de mover enérgicamente los brazos, lo que provocó la caída de otro de los funcionarios y el menoscabo físico en el codo de un tercero».

El sindicato CSIF reprocha a los responsables penitenciarios que en la cárcel de Segovia que se mantengan suspendidas las sanciones de aislamiento en celda desde hace más de 15 meses, con la excusa de la pandemia, dejando sin aplicarse más de 200 sanciones en casos donde internos han manifestado una evidente agresividad o violencia, o han alterado reiterada y gravemente la normal convivencia en el centro. «Una situación que nos hemos visto obligados a denunciar ante la Fiscalía Provincial de Segovia», remarca el sindicato independiente.

«No se alcanza a comprender por qué no se llevan a cabo las sanciones impuestas, pues su incumplimiento convierte en ineficaz el carácter preventivo de la sanción. 'Invita'» al sancionado a repetir la infracción, y al resto de la población reclusa a imitar comportamientos infractores porque les va a salir 'gratis'», afirma

CSIF pretende «que ninguna agresión que se produzca en nuestro centro quede sin reproche jurídico, y seguimos intentando que Instituciones Penitenciarias cumpla con las medidas normativas que tiene en su mano».

Igualmente, reclama que se desarrollen otras medidas de protección jurídica que preveía el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios, en cuanto a la modificación de una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, incluyendo el endurecimiento de algunas sanciones. En consecuencia, pide que se cumpla con las exigencias regimentales de preservar la seguridad y el orden de los centros penitenciarios, como consecuencia de actos violentos ejercidos contra trabajadores.

La falta de personal es un motivo de inseguridad, por ello CSIF insiste en que lleva más de tres años pidiendo al Ministerio del Interior, a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y a todos los partidos políticos, «que se cubran las vacantes de personal que acumulamos en el centro penitenciario de Segovia. Hacen falta más medios, y una mayor determinación de la administración para intentar erradicar las agresiones y cualquier tipo de violencia en las prisiones, para poder trabajar con seguridad».

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