Atrapados en Ucrania

Daniel y Ángela (derecha) sujetan a Lucía en brazos en Ucrania, junto a otra familia española que aguarda una solución en el país del Este de Europa tras haberse sometido a la gestación subrogada. / El Norte

Ángela y Daniel son una pareja segoviana que recurrió a la gestación subrogada y que ahora se ve «desamparada» por el Ejecutivo español, que impide la filiación de su hija, Lucía

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

«Nuestra hija es la que nos mira y nos da fuerzas cada mañana para seguir luchando para que se la respete a ella y los derechos que le corresponden». Daniel Barroso y su mujer, Ángela López, llevan en Ucrania desde la pasado día 12. Doce días atrapados en Kiev en una «pesadilla»; y sin embargo, disfrutando y temerosos al mismo tiempo por lo mejor que les ha pasado en la vida. Es su «tesoro». Se llama Lucía y apenas tiene unos días. El retoño es fruto de la gestación subrogada a la que se sometió Ángela después de que ambos se informaran y lo meditaran mucho. Y cuando el sueño acunado y mecido durante tanto tiempo se hace realidad y el bebé por fin ríe y llora en sus brazos, esa realidad se vuelve contra ellos. «Es muy duro», afirma Daniel.

Este matrimonio segoviano es una de las más de treinta familias que se encuentran a día de hoy en Ucrania y Georgia en un callejón diplomático e institucional sin salida. «Estamos atrapados», es la frase que más utilizan para definir su situación actual. Pero no son las únicas que sufren el problema generado por una reciente instrucción del Gobierno de España que prohíbe la inscripción como ciudadanos españoles de esos retoños venidos al mundo a través de este método. Daniel y Ángela calculan que hay un centenar de parejas que «han recurrido a su regulación de la gestación subrogada para ser padres y madres».

La medida del Ejecutivo, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de febrero, «deja a los a los bebés recién nacidos sin acceso a sus derechos, tales como el de salir del país, entre muchos otros». La instrucción que les ha truncado de momento su anhelo más querido parte de la orden que dio el director general de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, de exigir una sentencia judicial extranjera de filiación para proceder a inscribir a los menores. Esta propuesta contradice la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, argumentan las parejas damnificadas.

Denegaciones en el consulado

Los padres van más allá y aseguran que no es el único marco normativo del que se sale la medida del Gobierno. También «inflige violencia infantil a nuestros hijos, según la Observación General 13 del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y les expone a ser apátridas en contra de la convención para reducir estos casos». En la exposición legal de su pesadilla, los afectados deducen que la instrucción publicada el pasado 21 de febrero también «viola y hace violar el derecho a la inscripción de los nacidos por gestación subrogada internacional en países como Ucrania o Georgia, en los que la filiación se decide en una certificación registral de nacimiento de la autoridad pública extranjera, que equivaldría al libro de familia español».

Las denegaciones y suspensiones de inscripciones se suceden en el consulado español en Ucrania. El ánimo decae a casi 3.700 kilómetros de su hogar, pero los segovianos y el resto de parejas que comparten este viaje amargo no se rinden. Ahora está Lucía con ellos. Se les facilita una solución consistente en que tienten a la suerte y prueben a obtener una sentencia judicial extranjera, que sin embargo «no está prevista en estos países que han regulado la gestación subrogada», precisan las familias. La otra opción que les proporciona el Gobierno es que prueben a nacionalizar a los hijos como ucranianos o georgianos.

«Mi hija es española, no es ucraniana, porque sus padres son españoles», asevera firme Daniel. «Ese pasaporte ucraniano privaría a mi tesoro de los derechos que les corresponden a nuestros hijos; así que el pasaporte ucraniano no es una opción», insiste tajante. El segoviano, al igual que el resto de hogares perjudicados por la decisión del Ejecutivo central, piensa que «el problema radica en que el Gobierno español se ha saltado cuatro tratados internacionales». Apostilla que «la famosa instrucción es ilegal», por loo que ve lógica la desesperación y natural el enfado de las familias que como ellos eligieron esta alternativa para ser padres.

«No está en la ley española»

Estas parejas que desesperan en su 'cárcel' de Kiev han constituido una plataforma que clama públicamente contra «el expolio de multitud de derechos concretos a nuestros hijos». Advierten de los daños y riesgos principales que les ocasiona no reconocer su libro de familia extranjero. Esos perjuicios, por citar algunos, afectan a la nacionalidad, a la patria potestad, a la custodia, a la asistencia obligatoria por progenitor, a las prestaciones sociales, a la representación o a la administración de bienes. Y en caso de separación de los cónyuges, a la satisfacción obligatoria de sus necesidades, a sus relaciones personales y visitas, a la no separación entre hermanos, a la posibilidad de aceptar adopción. Si se quedaran huérfanos, queda en el aire el reconocimiento de un tutor, que dependería de un juez y quedaría afectadas la legítima hereditaria, así como la tributación por herencia.

«Nos sentimos desamparados y desprotegidos por el Gobierno», se quejan los padres segovianos. «Están discriminando a nuestros hijos sin llegar a ser conocedores del daño que les hacen, apostilla Daniel.

Las familias exigen a los poderes púbicos que «no desinformen invocando fuentes del Derecho que en realidad no lo son». Argumentan que las nuevas regulaciones o las previsiones en las que se escuda la orden del 21 de febrero «no están en la ley española y condenan a nuestros hijos a la clandestinidad jurídica, a una filiación materna ficticia y vacía de protección al menor».