La Atalaya pide a la CHD una nueva concesión de agua que triplique la actual

La asignación procedente del río Cambrones sigue inamovible y cada promoción urbanística, cada licencia concedida o cada servicio que se suma a las infraestructuras de estas localidades hacen que ese abastecimiento se quede un poco más corto. El nuevo intento que promueven los cuatro Ayuntamientos es un estudio, otro más, requerido por el propio organismo estatal regulador de cuenca.

Está previsto que la documentación esté lista esta misma semana, apuntan algunos de los regidores, por lo que la CHD tendrá este mismo verano encima de su mesa una nueva propuesta elaborada, entre otras cuestiones, «en función del crecimiento de los últimos veinte años y de los planes» en los que trabajan las corporaciones locales para el desarrollo urbanístico de suelo, señala el alcalde palazolense, Jesús Nieto.

Una prueba de cómo afecta la problemática de la concesión de agua es el revés que sufrió La Lastrilla, que además de experimentar una expansión demográfica también avanza en un perfil residencial que ha elevado la renta per cápita. Su regidora, Elisabet Lázaro, se remonta a principios de la pasada década y recuerda cómo «las normas de planeamiento urbanístico aprobadas en 2011 fueron recurridas por Ecologistas en Acción». La organización conservacionista fundamentó su alegación en que la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero no era suficiente para cubrir la demanda a crear. Este recurso hizo que «esas normas se echaran para atrás».

Si la concesión actual es del 30 litros por segundo, la Mancomunidad de La Atalaya propone a la Confederación Hidrográfica del Duero triplicar la asignación y elevarla hasta los 90 litros por segundo. «No se trata de pedir litros y litros, sino de asegurar el presente y el futuro», subraya el regidor de Palazuelos de Eresma en referencia al crecimiento que han experimentado estos padrones, los cuales siguen una tendencia al alza. Para atender esa demanda a corto y medio plazo de asentamientos, los Ayuntamientos diseñan sus planes urbanísticos, pero han de contar con el beneplácito de la CHD que avale el abastecimiento que requieren y solicitan.

Óscar Moral calcula que, entre los cuatro términos, superan una población conjunta de 20.000 habitantes, que es cinco veces más que los que había treinta años atrás. Pero la concesión de agua es la misma. En la actualidad, aunque haya una parte de los censos que no esté empadronada, son vecinos que hacen vida en estas localidades, poseen su hogar y utilizan los servicios comunes públicos. Es decir, el consumo de agua que hacen es superior a los 30 litros por segundo que fija la aportación histórica del Cambrones que sigue en vigor.

El aprovechamiento habitual «hace muchos años que está en unos 48 litros por segundo», apunta el alcalde de San Cristóbal de Segovia. Por su parte, Jesús Nieto, en función de la época del año, eleva el uso hídrico de Palazuelos a cerca del doble del volumen establecido en la concesión que rige a día de hoy el reparto y suministro de agua, sobre todo en la temporada estival.

Entonces, ¿cómo es posible que no falte el agua? La mancomunidad matiza que la CHD asume y permite sobrepasar el límite, una circunstancia normal aunque irregular que los cuatro Ayuntamientos del alfoz segoviano quieren solucionar y regularizar. Moral ha manifestado en reiteradas ocasiones que esta práctica les hace sentirse «como ladrones de agua» cuando consumen más del tope estipulado. Al mismo tiempo, el alcalde de San Cristóbal de Segovia recuerda que la propia legislación vigente determina «el uso predominante del consumo humano».

Por todo ello, la renovada petición que los Consistorios de La Atalaya trasladan a la Confederación Hidrográfica de Duero se concreta en la demanda de «una nueva concesión, independiente de la cacera histórica del Cambrones, que sea acorde a la realidad de la población existente y los inminentes desarrollos» que se pretenden llevar a cabo, unos más grandes y otros más modestos, en los términos municipales de las cuatro localidades, ratifican los regidores.

Los cuatro alcaldes cuestionan el sistema de concesiones que ampara el ente regulador de cuenca. Como apunta Borja Lavandera, «es surrealista» porque «estamos hablando de los tiempos de Juana la Loca». La Mancomunidad de la Atalaya hace hincapié en que la defensa férrea de las caceras históricas, la del Cambrones y la del Navalcaz, que ejerce la Noble Junta de Cabezuelas, está obsoleta y anticuada y no se ajusta a la realidad sociodemográfica y económica de los municipios.

Para empezar, los alcaldes ponen en duda «la figura jurídica» de la entidad que protege la continuidad de ambas caceras catalogadas como históricas. Y es que la del Cambrones data de 1512, mientras que el origen de la de Navalcaz se sitúa tres años después. Así pues, hay que remontarse al siglo XVI. Los responsables de las cuatro corporaciones que conforman la Mancomunidad de La Atalaya insisten en que la realidad de entonces es muy diferente a la actual. «La concesión de hace siglos preveía un regadío de unos pastos que ya no existen», arguye el regidor de San Cristóbal de Segovia. Tampoco existe el ganado al que daba de beber el agua procedente de la cacera que defiende la Noble Junta de Cabezuelas, que en uno de los momentos álgidos del conflicto llegó a presentar 1.500 alegaciones, tanto colectivas como individuales, para proteger las caceras frente a los planes del organismo estatal de regulación de cuenca de extinguir las concesiones.

Hasta ahora, ni las peticiones tramitadas para variar las características de la asignación de agua a la mancomunidad, para modificar el caudal o para cambiar la titularidad han surtido efecto y han chocado con la oposición de la Confederación Hidrográfica del Duero. Los alcaldes de los municipios de La Atalaya confían en que este nuevo intento fructifique para «asegurar el presente y el futuro» de sus poblaciones, concluyen los regidores.