El alfoz de Segovia renuncia a tener policía local propia
Los alcaldes de Palazuelos, San Cristóbal, Trescasas y La Lastrilla discrepan en torno a la viabilidad económica y la necesidad del servicio
La Mancomunidad de La Atalaya, integrada por los municipios de Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia y Trescasas, ha abandonado definitivamente el ... proyecto para establecer un cuerpo de policía local compartido, iniciativa impulsada por el actual presidente de la entidad y alcalde de San Cristóbal de Segovia, Óscar Moral (PP). La falta de unanimidad entre los cuatro regidores, con posturas distintas en torno a la viabilidad económica y la necesidad del servicio, ha dejado la propuesta en agua de borrajas.
La decisión es reflejo de las tensiones entre el crecimiento demográfico de estos pueblos del alfoz segoviano, que suman 14.600 habitantes, y los retos presupuestarios y logísticos de los municipios rurales. El proyecto, que llevaba años en estudio, pretendía dar respuesta a las crecientes necesidades de seguridad en una zona que ha experimentado un notable aumento poblacional en los últimos años. La Mancomunidad, que agrupa a Palazuelos de Eresma (5.968 habitantes), La Lastrilla (4.697), San Cristóbal de Segovia (3.153) y Trescasas (1.105), según datos del INE correspondientes a 2024, planteaba un servicio mancomunado para superar las limitaciones legales –solo municipios con más de 5.000 habitantes pueden tener policía local propia– y compartir costes. Sin embargo, la oposición de los alcaldes de Palazuelos y Trescasas han frustrado las expectativas.
Óscar Moral, presidente rotatorio de la Mancomunidad y firme defensor del proyecto, expresa su decepción, aunque reconoce la legitimidad de las posturas discrepantes. «La suma de los cuatro municipios supera ampliamente los 14.000 habitantes, lo que nos daría capacidad para plantear un cuerpo de policía local», señala. Moral, que incluyó la propuesta en su programa electoral para San Cristóbal, argumenta que el servicio permitiría regular el tráfico, garantizar el cumplimiento de ordenanzas y reforzar la seguridad en momentos de mucha concurrencia, como sucede durante la entrada y salida de los colegios, con cientos de alumnos. «Tenemos cinco o seis centros educativos entre los cuatro municipios. Regular el tráfico o gestionar un vado permanente cuando alguien aparca mal es complicado sin policía local. Tenemos que andar llamando a la Guardia Civil y no siempre está disponible», asegura el presidente de la Mancomunidad. Moral destaca otros problemas existentes, como el vandalismo, que afecta a los cuatro núcleos.
El coste de la implantación, incluida la infraestructura y los vehículos necesarios, rondaría los 1,2 millones de euros, con un mantenimiento anual cercano al millón, para un cuerpo de al menos ocho agentes. En Cuéllar, uno de los tres municipios de la provincia que tienen policía local propia (los otros dos son Segovia y El Espinar), el coste del servicio rondará este año los 850.000 euros, incluyendo las partidas de personal, vestuario, adquisición de defensas personales, informa Mónica Rico. «Evidentemente, es un servicio público y conlleva un coste, pero una administración está para dar servicios, no para ahorrar dinero. También cuesta dinero el alumbrado público, y es un servicio necesario», defiende el alcalde de San Cristóbal de Segovia. Precisamente, el coste del servicio es la causa del desencuentro en el seno de La Atalaya, y esa falta de consenso ha paralizado los avances. Moral, práctico, decidió no seguir invirtiendo tiempo en estudios sin apoyo unánime. «No voy a dedicar esfuerzos a algo que sé que no va a salir. Conozco a mis compañeros alcaldes, llevamos años trabajando juntos. Si no hay voluntad unánime, no tiene sentido avanzar». En este sentido, el presidente de la Mancomunidad admite que, tras haber mantenido varias reuniones con la Junta de Castilla y León a fin de explorar modelos de asociacionismo municipal, el «parón interno» derivado de la falta de interés frenó el proyecto. «Hacer un estudio con una consultora sin medios propios, sabiendo que las voluntades no están alineadas, es perder el tiempo».
«Inasumibles»
El alcalde de Palazuelos de Eresma, Jesús Nieto (PP), considera que los costes son «totalmente inasumibles» tanto en el plano municipal como mancomunado. «Con el presupuesto de nuestros ayuntamientos es inviable. Palazuelos maneja un presupuesto de 4 millones de euros. Es imposible asumir el gasto», asegura. Aunque este municipio, con casi 6.000 habitantes, cumple el requisito legal para disponer de policía local propia, Nieto no la considera «imprescindible». «Es algo aconsejable si tienes capacidad económica, pero no una necesidad perentoria. En el día a día no vemos alarmas sociales que justifiquen un servicio de policía local». Durante las últimas fiestas patronales, Palazuelos de Eresma pidió refuerzos a la Guardia Civil, pero Nieto lo considera un hecho puntual. «Si alguien nos lo paga, empezamos mañana. Ahora mismo no tenemos disponibilidad económica».
Trescasas es el municipio menos poblado de la Mancomunidad. Su alcalde, Borja Lavandera (PSOE), siempre ha mostrado su oposición a la creación del servicio de policía local mancomunada. «No estamos en disposición de hacerlo bien, ni por cuantía económica ni por infraestructura». Lavandera cuestiona la operatividad de un cuerpo mancomunado. «No veo viable una patrulla de retén nocturno para cuatro municipios», dice, y defiende la necesidad de unanimidad para un proyecto de tal envergadura. «Para algo que conlleva un gran desembolso, debe haber consenso». Trescasas, que instaló cámaras de seguridad en sus accesos tras requerimientos de la Guardia Civil, confía en estas medidas disuasorias y en la cobertura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por su parte, La Lastrilla, con 4.697 habitantes y un nuevo colegio recién abierto, el de las Madres Concepcionistas, apoya la iniciativa. La alcaldesa, Elísabet Lázaro (PP), cree en su conveniencia: «Todo lo que signifique aumentar la seguridad y la vigilancia es positivo. Tenemos Guardia Civil, pero nos vendría muy bien un cuerpo de policía local», dijo en su día. Lázaro identifica problemas locales, como el tráfico en calles estrechas del núcleo antiguo y el vandalismo –pintadas, daños en coches–, que justificarían el servicio. «Tener policía local redundaría en mayor seguridad».
La propuesta de Óscar Moral tomaba como ejemplo experiencias como la de Alba de Tormes y Terradillos (Salamanca), que desde el año 2016 comparten un mismo cuerpo de policía local. Es uno de los pocos casos de Castilla y León, donde solo 79 municipios tienen agentes locales, según la Agencia de Protección Civil y Emergencias. La Junta de Castilla y León, que promueve el asociacionismo municipal, organizó el pasado mes de abril una jornada con 150 municipios para explorar fórmulas de este tipo. Sin embargo, en la Mancomunidad de La Atalaya, la falta de acuerdo y la magnitud del coste hacen inviable el proyecto sin subvenciones externas.
La Guardia Civil de San Ildefonso seguirá siendo, pues, el principal recurso de seguridad para estos municipios. «Agradecemos su compromiso e implicación, pero la población del alfoz se ha multiplicado y el número de guardias es inferior al de hace veinticinco años. Hacer más con menos no funciona», señala Óscar Moral, resignado a guardar el proyecto en un cajón. «San Cristóbal de Segovia no puede tener policía local por sí mismo, ni legal ni económicamente. No tenemos población para ello. Si no hay acuerdo para una policía local mancomunada, no hay lugar», asevera, aunque no descarta retomar la idea si Palazuelos, el único de los cuatro municipios que cuenta con capacidad legal para embarcarse en la aventura, cambia de postura. «Es improbable. Y es cierto que un municipio con 6.000 habitantes debe asumir un coste importante, pero la suma de los cuatro lo hace asumible, si todos estuviéramos de acuerdo. Yo, desde luego, sigo pensando que es un servicio necesario».
La población real en todo el alfoz, superior a la empadronada por el auge residencial, seguirá ejerciendo presión, pero, de momento, la Guardia Civil y Protección Civil –esta con su labor voluntaria– seguirán cubriendo las necesidades.
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