Mejores infraestructuras, principal exigencia al nuevo Gobierno español

El impulso a las comunicaciones de la provincia es la principal coincidencia en las peticiones que hacen al nuevo Gobierno de España distintos colectivos salmantinos, que van desde pesimismo del PP al optimismo del PSOE, pasando por las reivindicaciones sindicales, empresariales y universitarias.

El veterano diputado nacional del PP por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro no cree que el nuevo Gobierno de Sánchez vaya a traer nada bueno para Salamanca. «Es un Gobierno que todavía no sabemos que proyectos va a desarrollar, ni en Salamanca ni en toda España y hay que comenzar por cómo se ha constituido para empezar a valorarlo».

Lo que ocurrió en la investidura «no era algo inevitable. Había otro camino, pero no lo quiso y rechazo nuestra mano tendida para aliarse con los comunistas, los independentistas y los herederos de ETA», afirma. Sánchez es el único responsable de haber elegido la vía radical en vez «de la vía de la concordia. Ha elegido la peor vía y los peores socios, y eso va a tener consecuencias como una mayor excepcionalidad, más incertidumbre y radicalidad. Se van a poner en cuestión los cimientos de la España constitucional y es muy peligroso».

Por ello, le gustaría que Tudanca o Fernando Pablos le dijesen si comparten esa idea de la España plurinacional de Sánchez, «o los alcaldes socialistas de ayuntamientos salmantinos, si están de acuerdo con la amnistía para los golpistas de Cataluña».

Se muestra convencido de que este Gobierno facilitará que se frene la recuperación económica y que se incremente la tensión territorial.

Respecto a la provincia, afirma que «siempre que gobierna el PSOE, a Salamanca no le va bien. Y tenemos ya motivos para decirlo, ya que en estos últimos años se ha frenado o paralizado la ejecución de proyectos e inversiones que el Gobierno de Rajoy dejó encauzados».

Señala que la labor del PP será liderar una alternativa al 'sanchismo' desde la oposición, «firme y responsable, pero constructiva. Al menos en mi caso, no hay mayor honor que representar a tus paisanos, y prometí devolver con trabajo la confianza que recibí».

Recuerda que «ya hemos empezado a trabajar incluso cuando no había Gobierno. Proyectos e inversiones que nosotros dejamos presupuestados, en Carbajosa, las Murallas de Ciudad Rodrigo, los juzgados de Vitigudino, el autobús en Béjar o la electrificación de la red ferroviaria hasta Fuentes de Oñoro, o la rotonda de Buenos Aires... muchos proyectos que nos encargaremos de que no se olviden. Hemos realizado ya más de 30 preguntas en estos meses».

Para Bermúdez, este país sufrió una crisis muy grave y habíamos iniciado un periodo de recuperación, «pero ahora ya vuelven los datos negativos». Y aporta un dato: «Salamanca tenía en el momento más fuerte de la crisis 37.000 parados. Cuando salió Rajoy del Gobierno había 22.335 y actualmente tiene casi los mismos, y mucho me temo que dentro de poco serán bastantes más. Y lo mismo sucede con los 80.000 pensionistas, que con nosotros recuperaron su poder adquisitivo. La receta es fácil, con menos empleo, menos crecimiento y más crisis, y este Gobierno va por ese camino».

Frente a esta postura, el diputado nacional del PSOE por Salamanca, David Serrada, asegura que la importancia de las políticas del nuevo Gobierno para la provincia se centran principalmente en cómo afectarán a los ciudadanos salmantinos las políticas progresistas del Ejecutivo «y habría que destacar la decidida apuesta del nuevo Gobierno por las políticas sociales, que servirán para facilitar la vida a dos sectores de la población muy importantes, los mayores y los jóvenes».

Está convencido de que la actuación del Gobierno será positiva para Salamanca, por un lado, «mejorando las condiciones de vida y las pensiones de nuestros mayores y, por otro, dando oportunidades para que los jóvenes que tienen que salir de Salamanca para buscarse la vida, puedan encontrar un trabajo y desarrollar su vida en su provincia».

Para los socialistas es muy importante el reto demográfico y consideran necesario fijar población en la provincia. «El PSOE nombró un alto comisionado frente a este reto para hacer una cosa que precisamente nos demandan todos los alcaldes y los habitantes del medio rural: que dejemos de hacer estudios y análisis y nos pongamos manos a la obra para implementar medidas y desarrollar acciones que de verdad frenen este proceso».

Además, Serrada está convencido de que este Gobierno «tampoco se va a olvidar de un sector tan importante en esta provincia como es el campo, exigiendo el mantenimiento de la PAC al menos en las condiciones actuales para que puedan mantener sus explotaciones con garantías».

Como representante en el Congreso Nacional, Serrada afirma que «intentaré recorrer los ministerios trasladando las inquietudes y necesidades de la provincia y de sus pueblos, que es la labor que tiene que hacer un diputado. No como han hecho los diputados del PP durante estos años, que poco han reivindicado respecto a las necesidades de Salamanca».

Según él, «el Gobierno de Sánchez, ya en estos meses anteriores, ha ido desempolvando muchos proyectos que dormían en los cajones y que muchos de ellos afectaban positivamente a Salamanca. Los diputados del PP no dijeron nada mientras gobernaba su partido y ahora los reclaman». Como ejemplos de proyectos prioritarios por los que 'peleará' ante sus compañeros de Madrid, Serrada destacó que uno de ellos «tiene que ser mejorar la conexión ferroviaria de nuestra ciudad. No sólo con Madrid, también con las demás capitales de Castilla y León, y además tenemos que mejorar la conexión ferroviaria entre Salamanca y Portugal. Creo que esta provincia es uno de los territorios de frontera portuguesa que menos permeabilidad tiene en cuanto a la conexión entre España y Portugal y es determinante para el desarrollo de la comarca de Ciudad Rodrigo».

Además asegura que algunas de las actuaciones que ya se están tomando respecto a la investigación y la Educación afectarán muy positivamente a la Universidad de Salamanca y a muchos de sus investigadores, que después de bastante tiempo volverán a disponer de fondos para seguir con su trabajo.

Las principales demandas al nuevo Gobierno por parte de los empresarios se refieren sobre todo a las infraestructuras. Desde la patronal Confaes, su presidente, Juan Manuel Gómez, alude a la circunvalación sur de Salamanca, que «está sin cerrar desde hace mucho tiempo y es una demanda en la que insiste el sector del transporte desde hace muchos años; yo creo que ya nos toca, porque sería importante para Salamanca a nivel comunicaciones que esa circunvalación se hiciese ya».

El impulso a Matacán también lo considera fundamental. «Hay que poner en valor el aeropuerto», afirma. «Tenemos la escuela de pilotos de Adventia, pero también se le puede dar otro sentido». A este respecto, comenta, que no puede haber vuelos diarios a nivel civil, pero «sí un esfuerzo de poner algún vuelo, una vez al mes, conectando sobre todo con ciudades de Europa».

También considera que «podría servir como un aeropuerto de carga; se debería de intentar, si hay mucha voluntad política, la de los empresarios la tienen y van a tener nuestro apoyo para mirar un poco por el aeropuerto». Y por último, piden que «de una vez por todas echen una mano a la base de la Escuela de Pilotos». Recordó que es «la única escuela que tiene grado universitario a nivel nacional, y necesitamos siempre alguna ayuda y se la vamos a pedir».

Según Gómez, «hay disposición en este sentido, porque en los meses que ha estado el PSOE gobernando hemos tenido reuniones con ellos» y tienen «voluntad. Hay muy buena conexión con el PSOE de Salamanca y ellos están realizando un esfuerzo importante para que esto salga adelante». En definitiva, Matacán ofrecería así muchas «muchas posibilidades», porque «una infraestructura como esta es para dar servicio a toda la zona noroeste, incluso a Portugal», por lo que «vamos a seguir trabajando a ver que conseguimos».

Otra infraestructura que demanda es la finalización de la conexión por autovía con Portugal; «quedan pocos kilómetros, pero ya es el momento de que los políticos se impliquen y que estemos conectados de una vez por autovía». También por ferrocarril, que «parece que se quiere desarrollar la vía férrea para unirnos con Oporto».

Gómez concluye que «hay que dar una margen de confianza al nuevo Gobierno. Para el empresario es bueno que haya estabilidad y necesitábamos un Gobierno; ahora vamos a ver qué directrices van a trabajar y si nos afectan en positivo o negativo».

Desde la otra patronal salmantina, CES, presidida por José Vicente Martín Galeano, muestran su «total colaboración al nuevo Gobierno para trabajar por el bienestar del tejido empresarial». En cuanto a sus demandas, piden que «se recapaciten las medidas anunciadas», como la derogación parcial de la reforma laboral y el alza del salario mínimo porque «tendrá un impacto perjudicial para el crecimiento económico». Además considera que «se deben impulsar políticas activas de empleo que generen una contratación indefinida, estable y con derechos».

Por otro lado, reclaman al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la creación de una comisión para «analizar cómo se han desvirtuado las rebajas tras la liberalización de 2012 y estudiar las posibles soluciones, dado el grave perjuicio que supone para los comerciantes».

Instan a la necesidad de dar «impulso a la innovación tecnológica», así como en «trabajar por la recuperación de población y la cohesión social y territorial» y atender a las necesidades de los municipios rurales.

También piden más proyectos culturales que «atraigan a público y esto revierta en mayor crecimiento económico y riqueza» para Salamanca, y apuestan porque «hay que ver a Castilla y León y a Salamanca como un lugar de oportunidades, un territorio de emprendedores y un lugar de vanguardia e innovación».

Desde el ámbito educativo, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, pide al Gobierno que impulse los proyectos aprobados en la comisión interinstitucional del VIII Centenario, así como un incremento de la inversión en investigación y un impulso al sistema universitario público con recursos y las reformas necesarias.

Emilio Pérez, secretario general de CCOO Salamanca, señala que las «necesidades pasan por cuatro puntos fundamentales». Uno de ellos es la reforma laboral, que «equilibre el reparto de los beneficios empresariales a través de la negociación colectiva y la eliminación de los contratos que regulan las relaciones laborales de forma precaria y temporal». Más de 119.000 contratos realizados durante el año pasado, de los cuales un 8% son indefinidos y un 92% son temporales, «es una situación inasumible», afirma.

También pide garantizar el sistema público de pensiones, y políticas sociales que mejoren la calidad de vida de las personas que están en desempleo, «más de 22.000 de las cuales casi un 50% no cobran ninguna prestación ni subsidio».

Por otro lado, pide «activar el desarrollo de las políticas de infraestructuras». A través del Ministerio de Fomento, se debe «intensificar la puesta en marcha del Corredor Atlántico, contando con nuestra provincia para la mejora de nuestras carreteras, comunicaciones por ferrocarril y establecer una estrategia aeroportuaria en Castilla y León, que rentabilice de forma equilibrada y equitativa la actividad de los cuatro aeropuertos, activando con mayor intensidad la de Matacán».

En cuanto al ámbito energético, «sería necesario comenzar a invertir en energías alternativas y renovables, eólicas, solares y fotovoltaicas. Manteniendo y compatibilizando el valor de nuestros espacios protegidos, a la vez que se deben potenciar nuevas industrias que aprovechen los recursos naturales».

Por su parte, desde UGT Salamanca, la presidenta de la comisión gestora, Toñi Guerrero, espera que esta legislatura «sea una oportunidad para impulsar políticas dirigidas a las personas». Reclama que se priorice una política económica que «facilite el reparto de la riqueza, favorezca el empleo estable y con derechos y apueste por la recuperación y fortalecimiento del Estado de Bienestar».

Además, UGT exige recuperar el equilibrio en las relaciones laborales y, «como medida urgente, derogar la reforma laboral por decreto y sin negociación», así como «subir los salarios más bajos y una reforma fiscal más justa».