El juzgado suspende para un mes el noveno desahucio a una joven familia con tres hijos

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca ha logrado paralizar la orden de desahucio programada para mañana, miércoles 10 de noviembre, por la que una pareja «desesperada» se vería por novena vez en la calle con sus tres hijos, de 4 y 3 años y un mes. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Salamanca «suspende el procedimiento por el plazo de un mes» dado que el Ayuntamiento alega la situación de vulnerabilidad social y/o económica de la familia.

Hace algo más de dos años, en junio de 2019, El Norte de Castilla ya se hacía eco de la situación de esta familia en Salamanca. En ese momento, también iban a ser desahuciados con sus dos hijos y el Ayuntamiento «tomó cartas en el asunto» pagando la deuda del alquiler que hasta ese momento habían acumulado y, además, pagó un mes más de renta para encontrar durante ese tiempo una solución. En julio de ese mismo año, la Junta de Castilla y León les ofreció una vivienda social en Villavieja de Yeltes por un precio de menos de 50 euros al mes. No obstante, tal y como cuenta Adolfo, «no llegamos a asentarnos. Era un vivienda sin luz, sin nevera, sin muebles y muy alejada de la capital, sin unos servicios mínimos para los niños y con la dificultad añadida para encontrar trabajo».

Pocos días después de estar en la casa de Villavieja, Adolfo encontró trabajo como repartidor y la familia volvió a Salamanca. Una vez en la ciudad y sumando los «300 ó 400 euros» que ganaba Adolfo a los 426 euros que cobra Cristina por el PAE, comenzaron a vivir en un piso de la calle Isidro Segovia. A pesar de intentar una nueva vida, «con ese dinero y teniendo tres hijos, solo da para comprar los pañales y los productos para el bebé que son carísimos, pero son cosas esenciales». Por ello, tampoco pudieron hacer frente al alquiler y terminaron por ser desahuciados para posteriormente pasar a vivir en el piso en el que están ahora, en la céntrica calle Villar y Macías.

Tras conocer hoy el aplazamiento del desahucio, el padre de familia se muestra «preocupado», no solo porque en un mes «volverán a estar en la misma situación», si no porque también empatiza con la propietaria, quien reconoce «no tiene culpa de nada». Por estas razones, pide de nuevo al Ayuntamiento una vivienda social y no «soluciones a corto plazo».

Por su parte, fuentes del entorno legal de la propietaria de la vivienda aseguran también «una situación de vulnerabilidad, aunque no sea en el concepto legal», al tratarse de una persona jubilada que complementa su pensión con el alquiler de este piso. Además de no haber recibido el dinero de la renta, las fuentes aseguran que la dueña «no se atreve a dejar de pagar las facturas desproporcionadas de luz y agua, que están a su nombre, para evitar males en un futuro».

Alquiler de menos de 500 euros

Desde el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, tal y como reconoce Adolfo, proponen la búsqueda de un piso de alquiler que no supere la cuantía de 500 euros para poder acceder a varias ayudas. No obstante, el padre de familia reconoce que «esto es muy difícil en su situación ya que no tienen unos ingresos estables». Hasta ahora «he conseguido alquilar pisos pero me ha costado mucho, es como una lotería. Es coger Internet, mirar y llamar al propietario y el primero que te salga es el que coges. ¿Por qué vivo yo en el centro? Porque me ha salido, le he caído bien en la entrevista y me ha dicho: venga, pues te lo alquilo y lo he alquilado. ¿Que no he podido afrontar después el pago? Pues es otro problema, pero el deseo mío ha sido pagarlo. He trabajado para intentar pagarlo, pero no he podido, ésta es la desgracia», manifiesta el padre de familia. El mismo asegura, además, que es «complicado» encontrar por menos de 400 euros una «vivienda digna» para una familia de sus características, con tres hijos. «Para que sea una vivienda digna con tres hijos debería tener mínimo dos o tres habitaciones, amueblada, estable y en buenas condiciones. Por ese precio solo lo puedes encontrar si vas a vivir mal y, como digo yo, en una choza. Pero yo busco unas condiciones para los niños», declara Adolfo. Por eso, «no pide una vivienda» si no que reclama «el cumplimiento de la ley. ¿Por qué unos tienen un alquiler social y yo no?».

Ana Suárez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento de Salamanca, «da la cara» a través de este medio con el fin de explicar el procedimiento en estos casos de manera «genérica» y sin hacer referencia a este caso de manera específica. «Cuando hay menores de por medio se hace lo que se tenga que hacer», comenzó afirmando la edil. Igualmente, defiende «las perfectas condiciones de habitabilidad de las viviendas sociales facilitadas tanto por la Junta como por el Ayuntamiento».

Así mismo, Suárez reconoce que las viviendas gestionadas por el Ayuntamiento tienen un tiempo de vigencia, «no se trata de que alguien pueda vivir ahí por los siglos y los siglos». «Durante ese periodo se supone que estás trabajando en otras dimensiones, como puede ser encontrar un trabajo. Y para ello también se ponen en marcha todos los recursos, se establece un plan individualizado con la familia y se trata de ver qué hacer para que vuelvan a formar parte de la sociedad y que vuelvan a ser dueños de su vida sin tener que depender de prestaciones y subvenciones. Si no flaco favor estaríamos haciendo», añadió con determinación la concejala.

La primera teniente de alcalde se planta además frente a según qué situaciones. «Hay gente que está en situaciones de mucha necesidad y hay gente que quiere aprovecharse del sistema. Y si para aprovecharte del sistema encima utilizas a tus hijos, son palabras mayores», apuntó. No obstante, concluyó indicando que en todos los casos «se trabaja con ellos, es decir, nadie se queda en la calle. Se les dan situaciones provisionales, pero tienen que poner de su parte».

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