La Diputación de Salamanca insta al Gobierno a rectificar la protección al lobo

La Diputación de Salamanca instará al Gobierno de España a que rectifique su estrategia y replantee su postura de incluir al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, tal y como aprobó ayer el pleno de la Corporación provincial, que dio el visto bueno, con los votos a favor de todos los grupos salvo el Socialista, a la moción presentada por el PP. La propuesta inicial incorporó «una enmienda adicional», demandada por Ciudadanos y aceptada por el PP, para pedir al Ejecutivo que «escuche» a las asociaciones ganaderas antes de legislar.

Desde el PSOE, su portavoz, Fernando Rubio, acusó al PP de presentar una petición «forzada y artificial» como «forma de atacar al Gobierno» y «buscar la confrontación», así como lanzar «una pedrada» al Ejecutivo desde los ganaderos. Recordó cómo la Junta «pone en tela de juicio» los ataques de lobos al ganado, e instó a promover «una gestión controlada» y de ayudas para los profesionales del campo. «El debate no es si lobo o ganadero», sino «si gestión o no», porque los ganaderos «quieren gestión y control», argumentó.

«El problema del lobo viene de largo, es muy importante y serio», pero «la Junta viene pasando del tema», porque «cuando se produce un ataque, se lava las manos», afirmó el diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, que además criticó al PP por presentar una moción con la que «pretende enredar y hacerse la foto». Sin embargo, dio su apoyo a la propuesta para defender «el estatus del ganadero» que tiene en sus explotaciones «su medio de vida», por lo que la ganadería extensiva y el lobo «son incompatibles».

Por su parte, el portavoz de Cs, Manuel Hernández, criticó que el Gobierno haya tomado una decisión «sin consenso» y de manera «unilateral», con la oposición de las cuatro comunidades más afectadas y las asociaciones ganaderas, por lo que abogó por consultar con los afectados, buscar un equilibrio y dotar de ayudas.

Desde el PP, su portavoz, Carlos García Sierra, recalcó que la moción pretende que el Gobierno «rectifique», porque «ahora no es una especie protegida y hay problemas, y cuando lo sea, se puede generar un problema mucho más grande». Quiso dejar claro que «nadie criminaliza al lobo», pero «si queremos lograr un equilibrio, hay que legislar mejor».

Sobre la mesa quedó la proposición del PSOE, presentada por Rubio, para la creación de un Plan Provincial de Arbolado, al contar con el interés de todos los grupos y el compromiso transmitido por el diputado popular Román Hernández de que se estudiarán «en profundidad» las necesidades y particularidades del territorio y se abordará la moción en comisión para complementarla si fuera necesario antes de aprobarla.

Otra de las mociones sobre la que hubo unanimidad fue la presentada por el diputado no adscrito en relación a la situación de los centros de termalismo de Salamanca -balnearios de Ledesma y Retortillo-. Así, expuso Javier García Hidalgo (PP), entre otras cuestiones, la Diputación mantendrá contactos con las gerencias de estas instalaciones «para saber sus necesidades», los incluirá en sus programas turísticos y en campañas de promoción.

El resto de mociones presentadas al pleno, que de nuevo fue telemático, no fueron aprobadas, prácticamente todas ellas por el voto únicamente en contra del Grupo Popular. Así, se rechazaron las proposiciones socialistas sobre la firma de un convenio de colaboración de la Diputación con los ayuntamientos donde existen centros juveniles de titularidad municipal; sobre la puesta en marcha de un plan de inclusión financiera en la provincia; la creación de un nuevo servicio de atención a emergencias municipales; y las tarjetas de aparcamiento de personas de movilidad reducida de fuera de la capital. Además no se aprobó la proposición de Cs sobre el Servicio de Asistencia a Municipios.

Aparte de la mociones, el pleno, entre otros asuntos, acordó un incremento retributivo del personal de la Diputación en un 0,9%, y aprobó el expediente de contratación para la conservación de las carreteras, divididas en tres lotes, con una duración de cuatro años y con un valor de unos 15 millones.