El PP considera que la reforma educativa del Gobierno supone un «retroceso de diez años»

Los diputados del PP por la provincia de Salamanca, María Jesús Moro y Bienvenido Arriba, se mostraron ayer especialmente críticos con la reforma educativa que prepara el Gobierno del PSOE y cuyo anteproyecto abandera la ministra Isabel Celaá. La parlamentaria salmantina aseveró que dicha reforma supone «un retroceso de diez años» y es «una reedición del pasado, un modelo antiguo y obsoleto y cuya eficacia en la mejora de las políticas educativas es más que cuestionable». Se trata, además, de una reforma orientada a primar el «buenismo pedagógico», que solo «conduce al fracaso, porque no se premia el esfuerzo y se huye de la exigencia y la calidad» negándose también la libertad de los padres para elegir el modelo educativo para sus hijos.

El PP tiene muy claro que esta modificación del sistema educativo «se inserta en ese programa oscurantista» que Pedro Sánchez ha acordado con sus socios de investidura. Además, resulta especialmente llamativo, subrayó Moro, que los partidos independentistas catalanas hayan manifestado expresamente que ven con buenos ojos el modelo educativo que defiende Celaá.

Por si fuera poco, se degrada el título de Bachillerato al permitir que los alumnos aprueben con una asignatura suspensa y se pretende imponer «un sistema opaco que oculte a equipos directivos, profesores y padres la realidad del sistema educativo», además de recortar la capacidad de actuación de los directores de los centros y su autonomía. Otros graves defectos son que «se pone una venda en los ojos para no ver las deficiencias del sistema» y se quiere «maquillar el fracaso escolar y no crear instrumentos para resolverlo».

La parlamentaria salamantina enfatizó que su partido siguen creyendo «en las evaluaciones, que no reálidas», porque «creen en ellas los expertos, incluso los propuestos por el PSOE». En su opinión, las evaluaciones censales al final de cada etapa, sin efectos académicos para los alumnos, pero con obligaciones para el sistema educativo, permiten garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Sin embargo, el modelo educativo socialista «demoniza a las evaluaciones».

Además, la diputada remarcó que con este proyecto se renuncia a desarrollar las competencias del Estado en materia educativa pero se la trasladan a las Comunidades Autónomas. Por otra parte, no se prevé ni una sola prueba a lo largo de toda la enseñanza obligatoria que recaiga sobre el Ministerio de Educación, por lo que «no se reserva al Estado instrumento alguno para ejercer sus competencias y garantizar la cohesión y la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo español».

Moro también denunció que tampoco se trabajó con las Comunidades Autonómas en el desarrollo de esta reforma, tal como en su día reveló el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, y se presentó al Consejo de Ministros sin haberse consultado ni al Consejo Consultivo ni al Consejo Escolar del Estado.

Frente a las tesis socialistas, el PP aboga por la articulación de un gran pacto por la educación. «Se ha trabajado por él, lo que aseguraría una proyección de la regulación educativa en el tiempo y una aceptación muy amplia». Precisamente, la parlamentaria salmantina rememoró que el PSOE «se levantó de manera intempestiva de la mesa de negociación del pacto de Estado después de año y medio de trabajo».