El alcalde de Villarino declara hoy como investigado por una denuncia de VyC

El alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, tiene que comparecer hoy, en calidad de investigado, en el Juzgado de Vitigudino para responder a una denuncia realizada por Javier Sendín Calvo, en representación del Grupo Municipal Villarino y Cabeza.

Según información a la que ha tenido acceso este periódico, en la denuncia, el grupo vecinal critica la contratación por parte del Ayuntamiento de diferentes familiares del alcalde sin llevarse a cabo la selección necesaria ni otro tipo de requisitos indispensables.

Los hechos se remontan al inicio de la legislatura, en la que el popular Martín Jiménez fue nombrado alcalde con el apoyo del PSOE, arrebatando la Alcaldía al grupo Villarino y Cabeza el 13 de junio de 2015. Tres días después, el 16 de junio, el primer edil contrató a su hermano sin que se realizara un acto que garantizara «los requisitos necesarios que la ley señala para la contratación de personal en cualquier administración pública» y que «garantizara los principios de acceso fijados por nuestra Constitución cuales son los de igualdad, mérito y capacidad», según se indica en la denuncia.

Pero además, el contrato fue para «obra o servicio determinado», en este caso para la realización de viales y saneamiento de las calles Cierros y Humilladero y también para el acondicionamiento del pabellón de deportes, vinculado a una subvención directa de la Diputación en 2015. Obra que finalizó en dicho año, pero no así el contrato del hermano del alcalde. Por ello, desde VyC consideran, según se lee en la denuncia, que «tenemos razones fundadas para pensar que tanto la selección como el mantenimiento de este contrato se producen en virtud de la relación familiar que ambos firmantes tienen».

Pero éste no es el único contrato que se denuncia, sino que el 2 de julio de 2015 se contrató a dos sobrinos del alcalde como socorristas, contratos que «fueron firmados adoleciendo de los mismos vicios que el señalado» anteriormente. En el caso de estos contratos se indica que la persona que en los diez años anteriores había ocupado dicho trabajo no se enteró hasta después de ser firmados los contratos, por lo que no tuvo oportunidad de poderse presentar a ese puesto de trabajo, ya que no hubo concurso público al respecto.

En un tercer apartado se denuncia un nuevo contrato con otro de los hermanos del primer edil, también por obra o servicio determinado, que en ese caso fue para el montaje y desmontaje de la plaza de toros portátil con motivo de las fiestas de agosto de 2015. Un nuevo contrato que se firma sin las garantías de «los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad» y que sigue vigente en julio de 2016, un año después.

De esta forma, desde el grupo vecinal se denuncia la contratación de cuatro familiares del alcalde y se indica que en varias ocasiones se ha pedido los expedientes de contratación al respecto, sin haberlos obtenido.

Un cuarto punto de la denuncia se refiere a Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de prestaciones económicas de pago único a los padres y madres por nacimiento o adopción de hijos con residencia en el municipio, en la que se establece una ayuda de 1.000 euros por cada hijo.

Una ordenanza que según el grupo VyC no habría entrado en vigor, ya que después de su aprobación en el pleno de enero de 2016 no «ha habido trámite alguno posterior, es decir, publicación en el BOP del hecho de su aprobación provisional, periodo de exposición pública y aprobación definitiva; y no contaba en su momento con partida presupuestaria para hacer frente a la misma, como exige la ley.

Por lo que en referencia a esta ordenanza se denuncia que «el alcalde ha procedido a sacar de la caja del Ayuntamiento 3.000 euros que ha entregado a tres beneficiarios sin que haya una cobertura legal para ello, no hay aprobada ninguna ordenanza al efecto, ni tampoco hay una partida presupuestaria aprobada a la que se puedan cargar los señalados importes».

Por último, otra de las denuncias realizadas se refiere a los importes pagados al secretario-interventor en 2015, ya que según marca la ley y manifiesta VyC, han sido «más de 4.500 euros pagados en exceso durante el año 2015».

En este sentido, indican que «se está abonando de forma consciente, es decir, con conocimiento de su ilegalidad un sueldo superior al fijado por la ley de presupuestos» y «queda claramente acreditada la vulneración de estas leyes procediendo a pagar una cantidad superior a la fijada en concepto de sueldo para el nivel correspondiente».

Por todo ello, en la denuncia se solicita que se investiguen los hechos puesto que «pudieran concurrir los delitos de prevaricación del art. 404 de la LO 10/95 del CP», ya que Julián Martín «dictó a sabiendas de su arbitrariedad en unos casos inducido por la relación familiar de los firmantes de los contratos y en otros conociendo que no se podía actuar al margen de la ley de la forma irregular que se hizo».

Además, se indica en la denuncia que «las acciones señaladas pudieran estar incursas también en la vulneración del tipo del art. 433 CP por cuanto que se han utilizado fondos públicos de forma irregular para una actividad no autorizada por el pleno ni la ley. Igualmente se produce un daño a las arcas públicas manteniendo en vigor unos contratos que según los términos en que se firmaron deberían haber concluido mucho antes».