La Generalitat se ha adueñado ya del 95% de los fondos catalanes del Archivo

En la noche del 19 de enero de 2006 una riada de vecinos salmantinos absolutamente indignados y una noctámbula nube de estresados periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión grabó en sus memorias y en su documentación informativa el histórico y controvertido momento del envío de la primera remesa de documentos del Archivo de la Guerra Civil, situado en la calle Gibraltar, con destino a Cataluña. Aquel fue un momento teñido y salpicado de tensiones y fricciones políticas, lo que desencadenó que la primera salida de fondos de los bautizados entonces como papeles de Salamanca fuera vigilada y escoltada por uniformados agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes hicieron de particulares guardaespaldas de las cajas, repletas de documentos, que iban saliendo por la puerta principal del Palacio de San Ambrosio.

Más de diez años después de aquel mediático traslado de documentación, la espinosa cuestión del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y la sempiterna y casi eterna reivindicación de la Generalitat de Cataluña para culminar el envío a su comunidad autónoma de los fondos catalanes que aún permanecen depositados en el histórico Palacio de San Ambrosio sigue generando ríos de tinta y enfrentamientos, incorporándose la agria polémica a la dura pugna que viene manteniendo el Ejecutivo catalán y los partidarios de la independencia catalana con el Gobierno central y con todas aquellas formaciones que consideran que Cataluña es un parte irrenunciable de la identidad española.

Meses atrás la latente polémica del Archivo de Salamanca llegó a aflorar en la esperada conversación que mantuvieron en Madrid el presidente en funciones Mariano Rajoy con el máximo responsable de la Generalitat, el presidente catalán Carles Puigdemont. Otra evidencia especialmente llamativa y palpable de que el conflicto de los papeles de Salamanca no se ha mitigado fue la concentración que miembros y simpatizantes de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca protagonizaron el pasado 22 de abril frente a la sede la Generalitat catalana, en la plaza de San Jaume, con el fin de exteriorizar su protesta y reclamar a Puigdemont la devolución de todos aquellos documentos que fueron sacados del inmueble salmantino con destino a tierras catalanas a lo largo de la última década.

Precisamente, la Consejería de Cultura de la Generalitat ha decidido conmemorar los diez años de la primera recuperación de documentos catalanes del Archivo con la publicación de un variado elenco de material informativo, repleto de datos y fechas, con el fin de justificar que la salida de aquellos fondos obedeció a motivaciones de justicia histórica y que se hizo en todo momento respetando la legalidad y la normativa vigente, en el marco de los criterios estipulados por la comisión mixta Estado-Generalitat. En este sentido, la Consejería de Cultura hizo pública en la segunda quincena del pasado mes de abril dicha documentación, que ha sido redactada y elaborada por el Archivo Nacional de Cataluña, entidad que forma parte de la estructura y del organigrama de la citada consejería.

Fuertes discrepancias

De los informes confeccionados por el Archivo Nacional de Cataluña y auspiciados por la Consejería de Cultura de la Generalitat, sobresale especialmente el documento relativo a determinar qué porcentaje de documentación catalana se encuentra aún almacenada en el inmueble salmantino de calle Gibraltar y pendiente a estas alturas de ser recuperada por el área de Cultura de la Generalitat. «Del total estimado puntualiza el Archivo Nacional a la hora de cuantificar todos los fondos catalanes que se depositaron celosamente durante el franquismo en el edificio salmantino se calcula que no se ha devuelto un 5%». Este reducido porcentaje engloba una serie de documentos que «han sido objeto de fuertes discrepancias» en el seno de la comisión mixta Estado-Generalitat, entre los representantes del Ministerio de Cultura y los del departamento catalán.

Este escaso 5%, que sigue avivando y espoleando en los tiempos actuales los últimos coletazos de la reclamación catalana por el Archivo, engloba cuatro grandes tipos de documentación. Un bloque corresponde con los papeles administrativos encuadrados dentro del área de orden público de la Generalitat, generados con posterioridad a los dramáticos y sangrientos enfrentamientos acaecidos en mayo de 1937 en Barcelona, que desencadenó el dominio político del Partido Comunista frente al movimiento anarquista y anarcosindicalista de la CNT y la FAI, así como sobre la disidencia marxista, de orientación troskista y que encarnaba el Partido de Obrero de Unificación Marxista (POUM) de Joaquín Maurín y Andreu Nin, este último asesinado por agentes stalinistas en una tenebrosa purga política. Dichos papeles también comprenden «documentación suelta de otros ámbitos competenciales», según se reseña en el jugoso cuestionario de preguntas y respuestas, elaborado por el Archivo Nacional de Cataluña en torno a la catalogada por este organismo como una triple efeméride, como son los 10 años del «primer retorno» en clara referencia a la primera remesa de fondos que salieron el 19 de enero de 2006 de la calle Gibraltar así como a los «36 años del inicio de la reivindicación» y los «78 años de las primeras confiscaciones».

El minúsculo 5% de documentación pendiente de ser trasladada a Cataluña se completa con un abanico de legajos correspondientes a entidades «sin herederos», como son diversas logias masónicas, entidades que han desaparecido y particulares que no cuentan con descendientes identificados. Un tercer elenco de papeles catalanes que todavía reposan en las estanterías del Archivo se refiere a documentación incautada dentro de la llamada Causa General, una terminología acuñada durante el régimen del general Franco. En este caso, el Ministerio de Cultura se opone a la entrega al Ejecutivo catalán, al argumentar que dichos fondos no estaban contemplados en la ley de restitución del año 2005, ya que cuando se aprobó dicha normativa esta documentación no se encontraba guardada en el Archivo salmantino.

Finalmente, el cuarto frente abierto entre la Generalitat y los técnicos del Ministerio bascula en torno a la documentación administrativa vinculada a más de 40 ayuntamientos catalanes, que continúa archivada en Salamanca. En su momento año 2005 el Ministerio de Cultura prometió que el retorno de la documentación de todos estos consistorios se podría regular a través de la ley de memoria histórica, que entonces se estaba redactando. Sin embargo, este capítulo concreto no se desarrolló y la Generalitat sigue reclamando estos materiales.