La justicia digital se implantará en todas las capitales de la Comunidad antes del verano

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés anunció ayer en Salamanca que a principios del verano todas las capitales de provincia de Castilla y León, más la ciudad de Ponferrada, estarán conectadas al modelo de justicia digital. Acompañada por el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, Sánchez-Cortés se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y con magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales del partido judicial de Salamanca, sin olvidar a los representantes sindicales.

Con todos ellos valoró estos primeros meses de Lexnet en Salamanca, sistema que a partir del 11 de mayo entrará en su fase final de implantación en la provincia, pionera junto a las de Cáceres, Burgos y Ciudad Real en dar, no sin problemas, este paso hacia una justicia en línea. Los encuentros de ayer tuvieron como objetivo, explicó la secretaria de Estado, concienciar a los profesionales del ámbito jurídico de la importancia de lograr «completar todo el circuito de tramitación procesal» de manera que se llegue a la «sentencia firmada electrónicamente». Un proceso que es «ya una realidad en Cuenca desde diciembre de 2015», explicó Sánchez-Cortés, que quitó importancia a los fallos del sistema que se están produciendo y solicitó comprensión y paciencia a los jueces y personal de la Administración de Justicia.

«Siempre es difícil introducir una herramienta que implica un nuevo modo de trabajar», opinó, no sin antes añadir que «ya se están tomando medidas concretas ante los tres tipos de problemas que genera Lexnet: los que se derivan del propio sistema, los asociados a la falta de material y formación y las cuestiones referidas a usuarios que están al otro lado para que los documentos entren en formato adecuado y así el sistema pueda fluir adecuadamente».

La secretaria de Estado recordó, no obstante, que en Lexnet hasta el año pasado entraban unos «11.000 profesionales y de pronto se han incorporado 147.000 más al sistema», por lo que consideró normal que «haya cuestiones que vayan más lentas». En cualquier caso, añadió que el trabajo del Ministerio de Justicia se dirige a la solución de los fallos y a que este periodo de transición y cambio «afecte lo menos posible para que esté absolutamente normalizado cuanto antes».

Pérdida de documentación

Un temor que afecta a los trabajadores de la Justicia es la posible pérdida de documentación si hay errores a lo largo del proceso. Sobre este aspecto, la secretaria de Estado de Justicia explicó que son cosas lógicas de un proceso de implantación tecnológica y que siempre se intenta localizar la incidencia, así como que, de todos modos, el sistema tiene «una seguridad asociada» y que se reforzarán las acciones formativas para que todo el mundo la conozca bien. «No hay que olvidar que con los expedientes en papel también existen estas pérdidas», remarcó Sánchez-Cortés en este sentido.

De igual modo, la política defendió que la implantación de la justicia digital «no va a suponer pérdida de puestos de trabajo» sino que el personal de Justicia «adquiera habilidades asociadas a las nuevas tecnologías» que reducirán cuestiones como el traslado de documentación «de 60 a 19 días».

Recordó, además, que, por mandato de la Ley de 2011, «el 7 de julio de 2016 todas las administraciones públicas del país competentes en materia de Justicia tienen que tener implantado el sistema de gestión procesal electrónico», sean o no competencia del Ministerio de Justicia.

Por último, la secretaria de Estado de Justicia afirmó que el proceso de implantación de la justicia digital en los partidos judiciales más pequeños de las nueve provincias de Castilla y León se realizará «una vez esté afianzado en las capitales de provincia», puesto que entonces «será más fácil extenderlo a otros juzgados de las zonas rurales», un proceso de despliegue que, según Sánchez-Cortés, «se va a seguir produciendo a lo largo de 2016».