Los tribunales tendrán que cerrar el eterno conflicto institucional de la calle Jardines de Palencia

Armisén y Mario Simón comparecieron en el salón de actos de la Diputación para anunciar que ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes habían decidido renunciar a la suspensión del procedimiento judicial y solicitar a los tribunales que continuasen con el proceso impulsado por la Diputación con el fin de que sea un juez quien dirime cómo resolver el conflicto urbanístico.

Los máximos responsables de ambas administraciones justificaron esta decisión en la necesidad de poner fin cuanto antes al desencuentro institucional, dado que se trata de un problema enquistado desde el año 2005, cuando el Ayuntamiento y la Diputación iniciaron las negociaciones para firmar un acuerdo de carácter urbanístico destinado al desarrollo y la promoción residencial de la zona de San Telmo, en el que figuraba la ocupación de unos terrenos de la Diputación por parte del Ayuntamiento para prolongar la calle Jardines.

El convenio, que se firmó finalmente en 2010, no ha podido aún ser cumplido en muchos de sus aspectos, fundamentalmente por los cambios en la normativa urbanística, que impiden el desarrollo residencial que estaba previsto, con lo que la Diputación no se ve compensada económicamente tras las cesiones hechas al Consistorio.

Armisén quiso recalcar que la voluntad de los equipos de gobierno de ambas instituciones ha sido en todo momento alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes, pero indicó que «hay problemas técnicos y jurídicos» que no han logrado resolverse. En este sentido, indicó que para que se alcance algún tipo de solución debe haber «refrendo y respaldo jurídico absoluto», lo que según señaló no ha sido posible debido a la defensa de los intereses de ambas instituciones que han realizado los equipos técnicos, lo que según explicó la presidenta de la Diputación es preceptivo legalmente.

Asimismo, indicó que las administraciones no pueden sentarse a negociar del mismo modo que lo harían dos particulares, por lo que no pueden plantear rebajas o negociaciones que incumplan los estrictos límites marcados por la ley. También recalcó que la voluntad política de alcanzar un acuerdo no se ha podido ver reflejada en los informes técnicos y jurídicos elaborados por las secretarías de ambas instituciones, con lo que la única posibilidad que ha quedado sobre la mesa es la de retomar el procedimiento judicial para que sea un juez quien determine cómo debe resolverse el cumplimiento del convenio firmado en 2010.

Anticipación

Por su parte, el alcalde de Palencia, que corroboró la voluntad de los dos equipos de gobierno de alcanzar un acuerdo, aseveró que todavía no puede anticiparse que la resolución judicial vaya a perjudicar los intereses del Ayuntamiento, aunque la Diputación haya ya recibido en sus pretensiones el aval inicial de un juzgado así como del Consejo Consultivo de Castilla y León, que rechazó los argumentos de nulidad de pleno derecho del convenio planteados por el Consistorio.

El acuerdo alcanzado en 2010 entre el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación para completar el trazado de la calle Jardines se cerró con el compromiso de formalizar un convenio urbanístico que permitiese a la institución provincial, dueña del terreno en el que se ha construido la Calle Jardines, edificar viviendas en la zona de San Telmo por un valor económico de 19 millones de euros, cuantía en la que se valoró el suelo que necesitaba el Consistorio para finalizar el trazado de la calle que discurre paralela a las vías del ferrocarril. Desde entonces, el convenio no ha llegado a formalizarse nunca y ambas administraciones han ido aprobando prórrogas, debido a las dificultades para su cumplimiento, puesto que los coeficientes de edificabilidad que se fijaron en el año 2010 cuando se alcanzó el acuerdo no pueden establecerse en la actualidad, puesto que contradicen la normativa urbanística de Castilla y León. Ante esta situación, el Consistorio decidió dar un paso más y expropió el terreno necesario para prolongar la calle y completó la ejecución de la obra, pero el resto de las cláusulas del convenio referidas a la modificación urbanística para edificar las viviendas sigue sin cumplirse en la actualidad.

Así, en septiembre de 2018 ante las trabas que puso el PSOE para que se firmase una nueva prórroga del convenio, ante el aumento de la deuda que conlleva por los intereses de demora, el equipo de gobierno del Ayuntamiento propuso a la Diputación la búsqueda conjunta de una fórmula que permitiese dar una solución rápida al problema.

Deuda inasumible

De esta forma, si se tienen en cuenta la cláusulas de ese convenio que aún sigue vigente, el Ayuntamiento le debe a la Diputación 19 millones de euros como compensación por los terrenos ocupados para la construcción de la calle Jardines y por la ausencia de modificación urbanística que permita a la institución provincia edificar las viviendas en las condiciones ventajosas que se habían pactado.

Pero además, esos 19 millones, debido a los intereses de demora fijados en el propio convenio, en estos momentos han ido incrementándose hasta superar los 26 millones de euros, una cantidad inasumible para las arcas municipales, pero que es la indemnización que debería recibir la Diputación.