Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años

El próximo 31 de agosto concluye el plazo para sustituir todos los contadores de agua –tanto de suministro de agua fría como de agua caliente– que tengan más de doce años de antigüedad. La obligación está recogida en la Orden Ministerial ICT/155/2020, aprobada en febrero de 2020, que concedía un periodo de cinco años para realizar el cambio.

En España, aproximadamente dos millones de contadores superan esa edad y deberán ser reemplazados. El avance es lento: desde la aprobación de la norma, solo se ha renovado un 17% del parque de equipos obsoletos.

La medida busca garantizar que las mediciones sean precisas y evitar errores derivados del desgaste de estos dispositivos, cuya vida útil real suele situarse entre cinco y seis años. La normativa no contempla la reparación de los equipos antiguos: cualquier contador que deje de funcionar deberá sustituirse directamente por uno nuevo.

El incumplimiento se considera una infracción en materia de metrología y está sancionado por la Ley de Metrología de 2014, que establece multas de hasta 5.000 euros para los casos más graves.

Más allá de la obligación legal, la sustitución ofrece ventajas económicas. Según cálculos del sector, para una familia que gasta unos 250 euros anuales en agua, el cambio a un contador nuevo puede suponer un ahorro aproximado del 15% en la factura, lo que equivale a unos 37,50 euros al año.

La instalación de un nuevo equipo no requiere obras y es rápida. Además, la incorporación de contadores inteligentes permite lecturas diarias, la detección de consumos anómalos y un pago ajustado al consumo real de cada vivienda o local. Estos dispositivos pueden ser leídos por cualquier profesional autorizado y sus datos son válidos para la facturación.

Con la fecha límite cada vez más cerca, el reto es doble: por un lado, sustituir el gran número de equipos pendientes y, por otro, informar adecuadamente a los usuarios para que comprendan que no se trata de una recomendación, sino de una exigencia legal de obligado cumplimiento.

«Esta normativa sobre los contadores nos ha pillado por sorpresa. Tenemos en Palencia un montón de contadores muy viejos, entonces va a tocar hacer un esfuerzo por parte de las comunidades y por nuestra parte para hacérselo llegar. Que la gente se informe y tome consciencia de que puede conllevar una sanción económica importante», subraya Landa.

El presidente del colectivo recuerda que la exigencia no viene acompañada de ningún mecanismo de apoyo económico que ayude a las comunidades a afrontar el gasto. «No hay ninguna subvención destinada para esta exigencia. Ahora mismo las subvenciones están centralizadas en temas energéticos y de accesibilidad, de eliminación de barreras. Para la modernización de instalaciones como contadores de calefacción, de agua o de luz, no existe ningún tipo de ayuda. Hay que cumplimentar la normativa, pagarlo y listo», insiste.

La magnitud del problema es evidente para los administradores. «Calculamos que afecte a la enorme mayoría. Hay muchísimas instalaciones que hay que renovar en la actualidad. Representan prácticamente el 40% de las existentes y casi todas, o la mayoría, no tienen cumplimentado un sistema, ni un protocolo para su regularización. Entonces, es una campaña que nos va a pillar de sorpresa a todos», asegura.

En la práctica, esto significa que un buen número de comunidades tendrá que organizar juntas, aprobar presupuestos y contratar a profesionales para realizar el cambio en un plazo muy corto.

El dirigente subraya que, aunque el importe de la sanción dependerá de la gravedad del incumplimiento y de la aplicación de la Ley de Metrología, las cantidades máximas son lo suficientemente elevadas como para que cualquier comunidad se lo tome en serio. «No es una simple recomendación, es una obligación legal, y eso implica que no se puede dejar para más adelante», recalca.

En medio de estas obligaciones y retos, hay también buenas noticias. Antonio Landa destaca la implantación de herramientas digitales que permitirán a los administradores comunicarse de forma más rápida y directa con los vecinos.

Herramientas nuevas

«Ahora tenemos unas herramientas nuevas que nos ha puesto a disposición el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Están realizando una inversión impresionante para que nos pongamos en contacto con los vecinos a través de herramientas digitales. Que a través del móvil tengan conocimiento de las actas, de los avisos o demás. Hay varios programas muy interesantes que se están desarrollando, esperamos que tengan una gran implantación y ahora en septiembre se pondrá en marcha una versión beta», explica.

Para el presidente de la Asociación de Administradores de Fincas de Palencia, se trata de un salto de calidad. «Es algo fantástico el tener en el móvil toda esa información, es un avance muy importante y, tras varios intentos de empresas privadas, es el Consejo el que está llevando adelante este proyecto. Esperamos tener una buena noticia antes de Navidades y que las comunidades puedan tener esta información en sus teléfonos móviles», añade.

El caso de los contadores no es único. En los últimos meses, otras normativas han aparecido sin demasiado margen para que las comunidades se adapten. Landa menciona como ejemplo la nueva regulación sobre ascensores, que concede a las empresas mantenedoras la potestad de clausurar de inmediato un aparato si detectan infracciones como la falta de la cortina de seguridad o la ausencia de revisión en plazo. «Hasta hace poco no tenían esa facultad, pero ahora les obligan a los mantenedores a cerrar inmediatamente el ascensor si se ha cometido alguna infracción. Ha sucedido en varias comunidades de Palencia y cierran el ascensor de manera muy rápida. Hemos hecho unas campañas tremendas desde el Colegio de Administradores para poner este tema en conocimiento de todos los palentinos», indica.

Esta nueva situación ha obligado a muchos vecinos a adaptarse sobre la marcha, con los problemas que supone quedarse sin ascensor de un día para otro, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.