Palencia

La Audiencia urge al menos un nuevo juzgado y la especialización de secciones

La implantación de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, publicada en enero, va a suponer una profunda transformación del modelo actual. La normativa contempla la sustitución de los juzgados individuales por Tribunales de Instancia con varias secciones especializadas, una estructura que Palencia deberá asumir con urgencia si quiere mantener un servicio ágil y eficaz. «Los tiempos modernos exigen dividir las jurisdicciones. Es imprescindible una sección especializada de familia, discapacidad e infancia, y una de instrucción con competencia exclusiva en violencia de género y delitos contra la libertad sexual», explica.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo el año pasado se registraron 21.479 asuntos en todos los órganos judiciales de Palencia, frente a los 19.379 asuntos registrados el año anterior, según recoge la memoria del CGPJ. Esto supuso un incremento del 9,7% con 2.100 asuntos más a lo largo del año pasado. Además, el aumento se dio en todos los órganos jurisdiccionales: Civil (16,8%), Penal (5,1%), Social (20,1%) y Contencioso Administrativo (7,6%).

El nivel de resolución también experimentó un ascenso. Durante 2023, los juzgados palentinos resolvieron 17.682 asuntos frente a los 20.719 del año pasado. Esto supuso un ascenso del 15%, con 3.037 asuntos resueltos más que el año anterior.

La situación actual evidencia una carga de trabajo por encima de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, que, lejos de disminuir, parece crecer, y a la que Palencia responde con una planta judicial que no se ha actualizado desde hace casi dos décadas, cuando se creó la última plaza en la Audiencia. Y el último juzgado creado, el número 7, empezó a funcionar en 2010, una situación que el presidente considera insostenible.

Como detalla Rafols, el juzgado número 1, que acumula competencias en civil, primera instancia y mercantil, afronta una litigiosidad cada vez más compleja, sobre todo vinculada a conflictos financieros. La jurisdicción social y el juzgado de lo penal también operan por encima de su capacidad. En este último, la fase de ejecución presenta un notable atasco, debido a la acumulación de ejecutorias pendientes. «Se podría solucionar con refuerzos temporales o incrementando la plantilla de la oficina de ejecución», sostiene.

El cambio más profundo, sin embargo, vendrá con la puesta en marcha del modelo de tribunales de instancia. Para que Palencia transite con éxito a ese sistema, será imprescindible crear nuevas unidades judiciales, empezando por el juzgado mixto número 8, ya informado favorablemente por el CGPJ. Este nuevo órgano permitiría, por primera vez, contar con una sección específica para asuntos de familia, infancia y discapacidad, lo que resultaría especialmente relevante en una provincia donde existen dos importantes centros asistenciales en esta materia.

La especialización no solo mejoraría la calidad de las resoluciones, también acortaría los plazos de respuesta. «Con la especialización se gana en eficacia. No es lo mismo conocer un asunto de forma puntual que abordarlo de forma habitual», afirma el presidente de la Audiencia. De consolidarse el segundo juzgado, se podría dividir la jurisdicción en seis órganos civiles y tres de instrucción, lo que facilitaría la creación de secciones especializadas adaptadas a la realidad social y judicial. «Sería muy positivo especializar a la gente en civil, en instrucción, en familia, discapacidad, infancia. De esa forma se ganaría en eficacia en la respuesta, no solo en la calidad sino también en los tiempos», sostiene Rafols.

Esta reestructuración será clave también para asumir los nuevos perfiles de litigiosidad. En lo civil, el conflicto tradicional por herencias o propiedades ha cedido paso a una creciente litigación bancaria, con demandas masivas por productos financieros. En lo penal, destaca el auge de las estafas por internet y medios telemáticos. «Han crecido exponencialmente con el comercio online», advierte.

Es verdad que la Ley de Eficiencia introduce unas alternativas nuevas de solución de los conflictos que, al menos en materia civil, si funcionasen, reducirían la litigiosidad significativamente. El hecho de que preceptivamente fuera necesario acudir a estos medios alternativos de solución de conflictos, si se hiciera bien, podría reducir considerablemente la litigiosidad. «En este caso habría que plantearse si vamos a necesitar más secciones judiciales o no», señala Rafols.

En paralelo a la reforma estructural, Palencia arrastra un importante déficit de personal auxiliar, especialmente en los servicios comunes de tramitación y ejecución. La falta de funcionarios limita la eficacia del sistema y genera cuellos de botella, a pesar de que la digitalización se ha implantado con normalidad. «No se puede ser cicatero con los medios humanos porque eso genera atascos en cuanto se produce cualquier variación», sostiene Rafols.

Pese a todo, el magistrado destaca la buena percepción que los ciudadanos tienen de la justicia, especialmente en litigios bancarios, donde la jurisprudencia europea ha reforzado los derechos de los consumidores. También defiende que, a pesar de la escasez de medios, Palencia mantiene unos plazos razonables. «La justicia es lenta, pero aquí somos más rápidos que en otras provincias», afirma.