El acusado de aplastar a otro operario con una máquina elevadora asegura que hizo una maniobra involuntaria
La defensa sostiene que no debe tratarse como una imprudencia grave del trabajador sino como un delito contra la seguridad laboral
El Juzgado de lo Penal de Palencia dejó este jueves visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de un presunto delito de lesiones por imprudencia grave por un accidente ocurrido en agosto de 2021 en la ampliación de las instalaciones de Vida de Gullón.
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Tras la celebración de la vista oral, que se prolongó casi cuatro horas, el Ministerio Público mantuvo para el acusado la petición de pena de cuatro meses y quince días de prisión, inhabilitación durante el tiempo de condena y una responsabilidad civil superior a los 14.000 euros, ya que incrementó ligeramente la indemnización que pedía inicialmente para incluir la referida a una secuela más de la víctima.
Los hechos se remontan al 14 de agosto de 2021, durante las obras de ampliación de la fábrica de Aguilar de Campoo, trabajos que ejecutaban dos empresas subcontratadas para el cerramiento de una fachada.
El acusado conducía una plataforma con un brazo telescópico terminado en unas pinzas con las que elevaba unos perfiles de aluminio para el forjado del primer piso, desde donde la víctima le daba unas indicaciones.
El acusado, empleado de la empresa de montajes cualificado para conducir la máquina, se levantó ligeramente del asiento para inclinarse y tener mejor visibilidad sobre la carga cuando rozó la palanca que controla los movimientos, las pinzas se movieron y aplastaron contra una columna al otro trabajador, que pertenecía a otra empresa.
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La víctima sufrió múltiples fracturas, precisó ingreso hospitalario, tratamiento ortopédico y rehabilitación.
En el juicio celebrado este jueves en Palencia, el acusado reconoció que el accidente obedeció a una mala maniobra que fue totalmente involuntaria, a la vez que su defensa insistió en que no se debe tratar de un delito de imprudencia. Asimismo, la defensa del trabajador acusado, igual que la compañía de seguros, consideraron que la instrucción no había sido correcta, que las diligencias abiertas tras el accidente debieron derivar en un delito contra la seguridad de los trabajadores y que debía haberse pedido responsabilidades a las empresas y cuestionado las medidas de seguridad.
Prevención y seguridad
Por su parte, la Junta de Castilla y León presentó a través de un técnico un informe en el que llamaba la atención sobre la falta de coordinación entre las empresas implicadas en las obras y sobre la falta de planes de prevención precisos para los trabajos que el acusado y la víctima desempeñaban.
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