Un vacío premeditado en las Cortes de Castilla y León

Mateo 6.3: «…que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Esta cultura del pudor con el dinero que se da parece también aplicarse a lo que se recibe. En España no podemos conocer la declaración de la renta de nuestros vecinos, a diferencia de lo que sucede en los países nórdicos, y en política se nos escapan muchos datos sobre quién cobra qué (escandalosas las recientes declaraciones de un delincuente comisionista, afirmando que ha sobornado a cargos públicos). El impulso de las leyes de transparencia hace más de diez años no parece suficiente, a la vista de lo que averiguamos cada día.

Un titular reciente nos desvela que un vacío premeditado en el reglamento de las Cortes de Castilla y León permite que los procuradores tengan ingresos extraparlamentarios, sin necesidad de declararlos siquiera. Esto ocurre en la última Comunidad en aprobar su Estatuto de Autonomía, también la más remolona en despejar por decencia y por seguridad jurídica qué se puede facturar y qué no cuando se actúa en representación de los ciudadanos, quienes votamos en las elecciones a personas que creemos se dedicarán solo a servir el interés general (luego se van de comida cuatro horas en plena riada).

La cercanía y el sentido común nos hacen pensar que el trabajo en las Cortes de Castilla y León deja tiempo para hacer otras cosas más reconfortantes: coleccionar sellos, cuidar de los nietos, escribir novelas, triunfar en aplicaciones de citas, salvar el planeta, conspirar contra el jefe, estudiar un máster, visitar todos los restaurantes con estrella michelín de la comunidad, fundar una secta, jugar al golf y (esto es lo único de verdad imposible de compatibilizar), leer las obras completas de Ortega y Gasset.

También es incompatible ser presidente de diputación, alcalde o concejal en municipio de más de 20.000 habitantes o parlamentario europeo, amén de otros inelegibles como procuradores (secretarios generales y directores generales, los altos cargos en otras comunidades autónomas o los delegados territoriales de las consejerías en sus provincias). Nada se dice de la profesión de abogado, una de las más comunes en la vida política por los conocimientos y capacidades que deben reunir sus ejercientes.

En otros países es muy común que los parlamentarios tengan otra actividad, pero entonces no cobran tan sustanciosos emolumentos, ni sobresueldos ni «bufandas» (así llamadas porque se repartían por Navidad en las administraciones, donde parecen haber vuelto), porque se entiende que dedican gran parte de su tiempo a otra vida laboral. La clonación para convertirse en dos personas aún no se ha desarrollado.

Probablemente pronto se rellenará la laguna enriquecedora, copiando de otras asambleas lo pendiente en el reglamento de las Cortes de Castilla y León, pero ya no será noticia. En su lugar, me encantaría leer en El Norte cuántas donaciones han realizado nuestros políticos a causas solidarias (por ejemplo, una cesión del porcentaje del sueldo a las víctimas de las inundaciones de Valencia). Pero, claro, no se puede decir porque la mano izquierda nunca debería saber lo que hace la mano derecha.

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