El deber de conexión con el deber de trabajar

Fue un día laborable, en horario de trabajo, pero podría haber sucedido cualquier domingo de madrugada. En ese caso, no nos hubiera parecido inoportuno que cada profesional capaz de ayudar se movilizara y atendiera lo que fuera preciso, sin importar lo que estuviera haciendo en ese momento. Por supuesto, toda persona en un nivel directivo, pero también muchos miles de trabajadores cuyos conocimientos y capacidades se requieren en estas situaciones.

Ningún sistema, ninguna organización puede sobrevivir renunciando a la disponibilidad de sus integrantes cuando la necesidad manda. Tanto las empresas privadas como las entidades públicas necesitan mujeres y hombres dispuestos a colaborar en situaciones críticas, a intensificar su esfuerzo si las circunstancias lo requieren y a mantenerse al tanto de lo que el momento exija.

Por supuesto, ese compromiso corporativo ha de ser compensado con retribuciones adecuadas, agradecido y reconocido por los directivos, los beneficiarios de las ventajas de tanta dedicación, la sociedad en su conjunto. También debería reprocharse que personas cuya presencia es imprescindible en situaciones concretas vivan a cientos o incluso miles de kilómetros del lugar donde se encuentran sus puestos de trabajo, una realidad cada vez más extendida sin que nadie diga nada.

Es un ejemplo más de la tendencia a exacerbar los derechos, minimizando las obligaciones. La misma que apunta el anunciado proyecto de ley de jornada laboral, con algunas medidas cuya inflexibilidad puede perjudicar a sectores vitales de la economía española (agricultura y ganadería, turismo, hostelería, servicios básicos). Ante la escasez de críticas a esta regulación, seré claro: La irrenunciabilidad del derecho a la desconexión digital me parece un disparate, un despropósito inconstitucional y contra el sentido común.

Si alguien no quiere ser molestado, puede estar en su derecho, pero esta actitud no debería imponerse. Hay quien no tiene inconveniente en responder un sábado o un domingo e incluso prefiere poder anticiparse a una demanda, en lugar de sufrir las consecuencias del retardo. Para las emergencias, esto es evidente, pero también lo es para los mejores resultados.

Cuando definimos la productividad como asignatura pendiente de la economía española, reconocemos un suspenso, una debilidad grave que deberíamos corregir de algún modo, entre todos. En España hay millones de personas que trabajan cada día y cumplen sus deberes. También hay algunos aprovechados que se presentan en las ofertas de trabajo para que les firmen y seguir cobrando prestaciones. Y otros que simulan bajas laborales, perjudican a sus empresas y propician inhibiciones de los empresarios a la hora de contratar.

La Constitución consagra el derecho al trabajo junto al deber de trabajar. No se pueden imponer trabajos forzados, pero sí retirar beneficios públicos a quien se niegue a contribuir de ninguna forma al interés común, en un contexto de crecimiento del paro (en el último trimestre). Pregunten a los autónomos y propietarios de pymes cuánto cuesta ganar lo que toca pagar a un empleado. Consulten su experiencia con los riesgos y las ventajas de buscar personal, las dificultades de encontrarlo.

Si ahora, además, los legisladores limitan el margen de la negociación colectiva y la libertad individual de trabajar, descompensaremos aún más el equilibrio entre los derechos y los deberes. Demasiadas veces no se cumplen ni los que ordena la Constitución («Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…», artículo 35), se trivializan los que no nos gustan de las leyes y se olvida que ninguna libertad se sostiene sin responsabilidades correspondientes.