Reinicio de curso incierto
Editorial ·
Las instituciones siguen eludiendo los costes tangibles y los invisibles del aislamiento de los menores positivos y de sus compañeros
El reinicio del curso académico 2021-2022 tiene lugar sin que las administraciones autonómicas competentes ni los responsables de los centros públicos o concertados conozcan ... a ciencia cierta con cuántas bajas por covid se encontrarán en las plantillas de docentes y no docentes y cuántas alumnas y alumnos no volverán a clase por ser positivos o estar pendientes de un test que lo descarte. Declarada la presencialidad en el aula como objetivo, la Comisión de Salud Pública, integrada por el Ministerio de Sanidad y los directores correspondientes de las comunidades autónomas, resolvió ayer que solo a partir de cinco positivos se procederá a confinar a los integrantes de una clase en educación infantil y primaria, mientras que el alumnado de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato se atendrán a las medidas individualizadas generales respecto a infectados y contactos directos, todo a la espera de que el calendario vacunal previsto por el Gobierno siga su curso.
El incremento diario de infecciones permite pronosticar que, aun en el caso de que la sexta ola llegue a su pico la próxima semana, resulta ya inevitable que enero y febrero tensionen la vida escolar y académica. Aunque ello no sea en absoluto tan grave como la presión que la ola de ómicron generará sobre el sistema sanitario, de atención primaria y hospitalaria.
Los bochornosos resultados de la llamada a la incorporación de jubilados de la medicina y la enfermería cuando, al mismo tiempo, el sistema público ha expulsado a profesionales de su nómina es una señal de alarma tan preocupante que obliga a los departamentos autonómicos de Educación, a los equipos directivos de los colegios, pero también a los órganos de gestión de las universidades, a adelantarse –aunque vayan tarde– a lo que pueda suceder con la epidemia durante el largo segundo trimestre del curso.
Aunque hay una vertiente del problema que las instituciones siguen eludiendo: los costes tangibles y los invisibles del aislamiento de los menores positivos, en cuanto a su custodia efectiva y cuidados, o en tanto que contactos directos. Las horas de trabajo remunerado que sus progenitores y tutores pierden casi como una cuota de castigo por la pandemia, hasta tensar seriamente las posibilidades económicas de la familia. Solo si se atiende a esto último podrán las Administraciones Públicas hacerse con la autoridad necesaria para afrontar un reinicio de curso que se presenta cuando menos desconcertante.
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