De proscritos y prescritos

Jordi Pujol representa el último ejemplo de ese maquiavélico entramado de leyes y juristas que permiten que se vaya de rositas quien ingresó ilegalmente 885.651 euros en efectivo en un banco de Andorra en el año 2000. La Agencia Tributaria reconoce el delito, pero nada se puede hacer porque el asunto ha prescrito. El exhonorable 'president' vivirá con la honra perdida, pero con los bolsillos bien llenos y, por supuesto, sin pisar la cárcel. La de botellas de cava independentista que habrán descorchado estos días los del 'tres per cent'.

El de Pujol es el último capítulo, pero la lista de beneficiados por la estrategia de la prescripción resulta inabarcable. Hace tres años (también en final de año), el juez de Instrucción número 31 de Madrid archivaba la pieza del caso Rato, que investigaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la facturación irregular de sus colaboraciones con una agencia de conferenciantes. Su delito fiscal, prescrito. El también popular Fernando Martínez-Maíllo, que por entonces era coordinador general del PP, se libró de ser investigado y juzgado, junto con otros 13 ex consejeros, por el caso de Caja España. El asunto se demoró lo suficiente como para evitar el banquillo a golpe de prescripción. La Audiencia de Valencia también dio carpetazo al presunto delito de prevaricación cometido por Francisco Camps en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1. Dijeron que, de existir delito, ya no tenía sentido juzgarlo por haber prescrito. Y qué decir de los ERE de Andalucía, donde las causas prescritas a 'Socialistas y Amigos SA.' se van acumulando sentencia tras sentencia.

La prescripción del delito se ha convertido en la herramienta jurídica por excelencia para apuntalar la inmoralidad de un sistema que desanima a ejercitar la honradez. Los jueces dicen que se limitan a cumplir la ley y el legislador mira para otro lado, por aquello de que entre bomberos no van a pisarse las mangueras. Que corra el champán.