Mayores en residencia
EDITORIAL ·
Las personas de edad son usuarios indefensos de un sistema de cuidados que tiende a devaluarse a causa de su carestía
La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 y su severa incidencia sobre la población de más edad ha colocado en primer plano las residencias ... de mayores, algunas de las cuales han sido noticia por el fallecimiento de residentes en circunstancias que son objeto de investigación. Las residencias de mayores son la parte orillada de nuestro Estado del Bienestar, aunque sumen más de 380.000 plazas de titularidad pública y privada. Se trata de centros residenciales que asumen el cuidado de personas con un alto grado de dependencia y deterioro cognitivo, sobre las que concurren diversas patologías crónicas, y que presentan en muchas ocasiones necesidades clínicas que se abordan intermitentemente o permanecen en suspenso.
Desde que se promulgó el real decreto del estado de alarma, han trascendido episodios estremecedores con la revelación de veinte fallecimientos en una residencia, y con la noticia de que la UME habría descubierto residentes muertos en distintos centros, que presentarían graves carencias. Circunstancias que es imprescindible esclarecer cuanto antes. Las personas mayores en residencia son paganas de la compartimentación entre las responsabilidades sociales y las sanitarias en el Estado del Bienestar. Amén de convertirse en usuarios indefensos de un sistema de cuidados que tiende a devaluarse a causa de su carestía.
En su toma de posesión hace dos meses el vicepresidente segundo del Gobierno y responsable de la cartera de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, anunció su propósito de supervisar el funcionamiento de las residencias de mayores. Propósito corroborado ayer. Aunque el Ejecutivo central no cuenta ni con las atribuciones ni con la estructura necesaria para abordar directamente el seguimiento de las residencias de mayores. Corresponde a las instituciones territoriales concernidas prestar la atención debida a los residentes, revisando entre Gobierno y autonomías el catálogo de los servicios que han de ofrecer, junto a las condiciones de su personal y el compromiso requerido al sistema sanitario.
Pero en su obligación por asegurar el bienestar de las personas mayores institucionalizadas, la Administración no puede olvidar que sus cuidados necesitan del concurso de la iniciativa privada, sin la que los mayores no podrían encontrar las plazas residenciales que precisan.
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