Juntos por Valladolid
La carta del director ·
«La medida de gracia con los presos catalanes propuesta por el Gobierno, justa o no, jurídicamente aceptable o no, lo que traerá será más sacrificios para las regiones menos reivindicativas»Según Hacienda, los ingresos tributarios netos que recibió el Estado de Castilla y León en 2020 ascendieron a 4.009 millones de euros. Valladolid ... aportó un 30%, Burgos un 19%, León un 13%. Ávila y Zamora no alcanzaron el 4%. Al comparar esos datos con el número de habitantes, resulta que Valladolid no llega al 22% de todos los ciudadanos de la comunidad, que León se queda en el 19% y que Burgos roza el 15%. De modo que el esfuerzo fiscal per cápita por estos conceptos es claramente desigual. Cada vallisoletano arrima 2.365 euros, cada burgalés 2.220 y cada leonés, 1.162. Muy lejos quedan los abulenses, con 876 euros, y los zamoranos, con 930. Veamos ahora la otra cara de la moneda, la de los gastos, aunque esta vez a través de la distribución de los presupuestos autonómicos, que en 2021 ascendieron a 12.000 millones. Según un estudio que se maneja en Las Cortes, y si apartamos las cuantías que no es posible provincializar, o sea, unos 5.300 millones, comprobamos que, de los otros 7.000, los abulenses obtienen recursos un 9% por encima de la media en euros por habitante, que los zamoranos ganan casi un 12%, los leoneses pierden un 3%, los burgaleses casi un 2% y los vallisoletanos, los que más aportaban, nada menos que un 17%. Los sorianos se llevan la palma por el extremo opuesto: obtienen un 29% más de financiación que la media. Lo mires por donde lo mires, más desigualdad. No se comprende pues que exista un movimiento leonesista que pida desgajarse de las otras ocho provincias, dado que en el balance los leoneses no parece que salgan perdiendo. Pero menos se comprende que en Valladolid no exista una corriente favorable precisamente a que leoneses, abulenses y zamoranos, por ejemplo, se queden fuera de la comunidad: está demostrado que aportan menos y gastan más. Cuesta asimismo creer que no haya surgido una formación política, Juntos por Valladolid, que abandere esta reclamación, monte un buen lío en las calles, estimule, agite y explote el malestar ciudadano y, después de unos años de revueltas, follones y altercados, al más puro estilo comunero, cuando hubiese detenidos y juicios se hablara de «conflicto», de «utilidad pública» y pidiesen indultos. Arreglado. ¿Que no es lo mismo Valladolid en Castilla y León que Cataluña en España? ¿Que no es posible semejante absurdo? ¿Acaso Valladolid no atesora historia, identidad y legitimidad como para enterrar bajo toneladas de bibliografía y vestigios todo lo que vascos o catalanes pretenden reclamar como supuesta singularidad, merecida excepción y rico privilegio? Por favor... Este discurso mezquino, miserable y egoísta, puesto aquí como mero ejemplo práctico y premeditada caricatura –que nadie se asuste–, es el magma que calienta las arengas identitarias de nacionalistas y secesionistas: la pasta. Por eso el debate de partidos, analistas y políticos de todo signo sobre los indultos está tan alejado del sentir de la calle, donde no hace falta que se explique que la medida de gracia con los presos catalanes propuesta por el Gobierno, justa o no, jurídicamente aceptable o no, lo que traerá será más sacrificios para las regiones menos reivindicativas.
«Cuesta creer que no haya surgido una formación política, Juntos por Valladolid, que abandere esta reclamación, monte un buen lío en las calles, estimule, agite y explote el malestar ciudadano»
Y más renuncias en favor de aquellas que asaltan parlamentos, malversan la democracia y convierten a delincuentes y golpistas en honorables exiliados. Dando pues por cierto y aceptando que el Gobierno deba explorar cualquier vía a su alcance para calmar las ansias independentistas, incluidos los balsámicos indultos, ese mismo Gobierno debe entender y aceptar que a muchos mesetarios nos resulte repugnante. Porque nadie con dos dedos de frente se cree que este sea un problema manso, reconducible, negociable. Ni los 60.000 abulenses y zamoranos que votaron a Pedro Sánchez en las elecciones de noviembre de 2019. Al menos no lo es (manso, reconducible, negociable) sin que aumenten las asimetrías territoriales, ya de por sí gigantes; sin renunciar a una mínima idea de país; sin seguir destruyendo cualquier marco de solidaridad que proteja a los más vulnerables; o sin concentrar la riqueza y un futuro prometedor en el noreste peninsular y la modestia y los apuros en las dos castillas, Extremadura y Andalucía… O sea, como siempre.
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