Israel en Gaza

En estas situaciones el que tiene perdida la batalla de la opinión pública es Israel. Términos como desproporción, inhumanidad y otros que hacen alusión a como este país puede comportarse así después de lo que los judíos han sufrido son los argumentos habituales. Los medios de comunicación generan noticias en torno al número de víctimas de uno y otro lado y, en este caso, las cifras no suelen dejar lugar a dudas, dado que el número de bajas palestinas es abrumadoramente mayor al de las israelíes.

Respondiendo este enfoque a la lógica periodística, no deja de ser, sin embargo, incompleto y por eso, si no parcial, sí sesgado. Israel, como cualquier otro Estado, tiene derecho a su legítima defensa cuando es atacado (Capítulo VII, art. 51 de la Carta de Naciones Unidas) y en un contexto físico y geográfico como el de Oriente Próximo y, concretamente como el palestino-israelí donde las distancias son escasas, ningún artefacto lanzado desde Gaza es inocuo.

Dicho de otra manera, la diferencia en las víctimas viene dada por la capacidad defensiva que ha desarrollado Israel con un sistema que intercepta la mayor parte de estos proyectiles en su órbita. Es decir, que la intención de las milicias de Hamás (Ezzeldin Al-Qassam) y las de la Yihad Islámica palestina (Al-Quds) es causar el mayor número de bajas israelíes lanzando proyectiles sobre Sderot, a un kilómetro de la Franja de Gaza; Ashkelon, a trece, o Tel Aviv, a setenta. Esto demuestra que la tecnología y el arsenal militar de los grupos palestinos en Gaza no es de juguete y que en su suministro participan de manera activa potencias regionales.

A Israel, como Estado democrático judío que es, hay que medirle y exigirle en esos parámetros, y aquí toca pedir proporción en sus actuaciones. Pero cualquiera que entienda la lógica castrense sabe que, una vez iniciada una contestación militar en legítima defensa como la que ha articulado Israel, su seguridad en el medio plazo depende de esquilmar al máximo la capacidad de ataque de estas milicias. Así, las actuaciones 'quirúrgicas' en un lugar como Gaza –que tiene una de las mayores densidades de población del mundo– son muy difíciles. Y esto lo saben Netanyahu y, sobre todo, los líderes palestinos en Gaza que, como movimientos yihadistas que son, ven en el martirio una forma gloriosa de acceso al paraíso.

En Israel, que es un país plural y multiétnico, se dan voces y no marginales, que tanto desde la propia comunidad judía como desde fuera de ella censuran estas actuaciones y la deriva que hacia el extremismo político y religioso han experimentado los últimos Gabinetes de Netanyahu y que están tensionando a esta sociedad de una manera desconocida. El colofón de este proceso se dio con la aprobación de la Ley Básica (de rango constitucional) «del Estado-nación» de julio de 2018, que atribuye de manera exclusiva el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel al pueblo judío y no a todos los ciudadanos de Israel, con un 20% de israelíes no judíos. Esta norma, que pasó con un apoyo de 62 votos a favor y 55 en contra en la Knesset o Parlamento de 120 escaños, es un ejemplo más de las derivas iliberales que se dan en el mundo, léase Turquía, Federación Rusa, Hungría, Polonia... Por no hablar del estatus de las minorías rusas (apátridas) en Letonia y Estonia en la UE.

No se trata de eximir de su responsabilidad ni a Netanyahu ni a los que apoyaron esta ley, que va en contra de la declaración de independencia de mayo de 1948 y en contra de los derechos de ciudadanía, y que empobrece la calidad democrática de este país. Se trata de señalar que la lupa con la que se escudriña a Israel parece tener una lente que no se utiliza ni para observar el resto de los sistemas políticos de la región, incluido el palestino, ni tampoco para los nuestros. Y esa falta de equidad es la que puede esconder un antisemitismo, a veces inconsciente, que hace que las visiones sobre Israel no sean completas. Hoy a Israel hay que exigirle como Estado democrático mesura y proporcionalidad en sus actuaciones pero, también, reconocerle el derecho a su legítima defensa.