De impuestos

En la filosofía política más tradicional, que inspiraba los programas de contenido social más extendidos, se proponía como un principio fundamental aquello de requerir de unos según sus posibilidades y entregar a otros según sus necesidades. Y hay pocos principios que resuman mejor los objetivos más nobles de la acción pública. Recaudar equitativamente, redistribuir equitativamente. Todo se resume en eso.

Hace ya tiempo me dejó impactado una explicación que, en una entrevista, ofrecía un candidato a la presidencia del gobierno de un país nórdico respecto a cómo planteaba la campaña electoral en la que iba a participar. Afirmaba con rotundidad que todo su 'material de campaña' era un cartoncito del tamaño de una tarjeta de crédito. Nada más, ni programa electoral de 500 páginas, ni folletos con imágenes impactantes, ni merchandising de la más variada especie. Un cartoncito que mostraba en la pantalla, y las oportunas explicaciones. En un lado contenía una cifra de porcentaje más destacada, que podía ser positiva o negativa, y que representaba el compromiso de subir o bajar en su conjunto la carga impositiva sobre los ciudadanos; luego la cifra venía acompañada de una distribución de ese porcentaje entre las grandes partidas de los ingresos del presupuesto, correspondientes a los impuestos existentes o a los nuevos que se propusiera implantar, pudiendo subir unos y bajar otros.

En el otro lado aparecían los grandes capítulos del destino del presupuesto (el gasto social, las inversiones, la carga financiera, el gasto de personal, etcétera), de manera que, si todos aumentaban lo mismo, o unos aumentaban más que otros, o unos aumentaban y otros disminuían, el total del gasto debía corresponderse, al alza o a la baja, con el porcentaje de subida o bajada del ingreso. Insistía por activa y por pasiva que no hacía falta más para orientar la decisión del ciudadano interesado, que lo demás, el detalle, ya iría saliendo en los debates y entrevistas de la campaña y, llegado el caso, integraría el programa de gobierno, instrumento distinto del programa electoral. Era ésta la forma adecuada, decía, de ser transparente, de asumir un compromiso concreto, medible y comprobable, que se pudiera comparar con el de otras opciones que usaran la misma técnica y por el que se pudieran pedir cuentas en razón de su mayor o menor cumplimiento.

Tal vez resultara un tanto simplificada aquella propuesta de estrategia de campaña, pero el partido que la practicaba ganó las elecciones, lo que dice mucho de la madurez cívica del lugar y del nivel con que se planteaba la percepción de la idea central que se quería transmitir, que no era otra que el modelo de relación entre el Estado y los ciudadanos. Tan simple; tan complejo.

Aquí hemos discutido mucho y durante mucho tiempo sobre los impuestos; lo estamos haciendo ahora mismo, en un escenario económico complicado, de alta inflación y perspectivas dudosas de crecimiento, pero también de cercanía electoral y de incertidumbre en cuanto a lo que las urnas vayan a determinar en los distintos procesos electorales del año 23, que son prácticamente todos los posibles y, en principio, por su orden, municipal, autonómico, general, lo que constituye una pista nada desdeñable para interpretar la dinámica del debate abierto.

Lo que en esencia hemos estado discutiendo es lo de siempre: si lo progresista es mantener o subir los impuestos; si lo conservador es bajarlos; si también sería de izquierdas bajarlos, y de derechas subirlos; si lo mejor es que el Estado disponga de más recursos para redistribuir más, o si es preferible que el Estado adelgace y deje más recursos en el entorno privado de los ciudadanos. Lo discutimos, además, introduciendo en el horno contraposiciones (ricos y pobres, bancos, eléctricas y clases medias, grandes empresas, trabajadores y consumidores) dirigidas a proyectar ideología y que, en ocasiones, pueden enturbiar el sentido profundo del debate, especialmente si aparecen como reclamo electoral, como banderín de enganche, o como elemento integrante de una estrategia de simplificación, trivial y propagandística, de un asunto que exige rigor y seriedad como pocos, precisamente para que no pase desapercibida su legitimidad.

Los acontecimientos de estos días, en los que se han encadenado propuestas y decisiones impositivas de todo signo y de toda procedencia, junto con notorios cambios de discurso, lo muestran bien. Lo relevante no es subir o bajar a palo seco, pretendiendo con ello exhibir una determinada marca, en un determinado momento.

Lo relevante es valorar, con perspectiva de interés general, cuánto, dónde, cuándo, a quién, para qué y por qué, se sube o se baja un determinado impuesto, en una determinada coyuntura; si se trata del IRPF, que es un impuesto progresivo sobre la renta, con tramo estatal y tramo autonómico, o del IVA, que es un impuesto horizontal al consumo, lineal e igualitario, pero que grava comparativamente más a quien tiene la urgencia de utilizar toda su renta para cubrir sus necesidades mínimas. Y, obviamente, tampoco pueda quedar fuera del debate con esta metodología lo demás: impuesto de sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones, impuestos especiales, etcétera; y los de nueva creación, y las tasas y los precios públicos.

El debate, una vez lanzado, pide todo eso; una reflexión cabal y no histérica sobre la distribución de la carga fiscal en todas sus dimensiones y en unas circunstancias como las actuales. Porque, en fin, da la impresión a menudo de que se ha desatado una carrera competitiva de aquellas de 'no sé qué el último', con riesgo de perder racionalidad para ganar espacio político y electoral. Y es comprensible, cómo no, que las Comunidades Autónomas ejerzan su autonomía y el Estado sus atribuciones, también en lo tributario. Tanto, como deseable sería que lo hicieran con un cierto sentido de la responsabilidad y la lealtad, porque también se trata de que la heterogeneidad no degenere en desigualdad en un asunto tan sensible como éste.

El artículo 31 de la Constitución lo dice casi todo cuando afirma el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que no tenga alcance confiscatorio. Luego falta aplicarlo con el espíritu de aquel candidato de un país nórdico que exhibía un cartoncito como único reclamo electoral de su compromiso.