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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, a su salida de la Comisión de Justicia, en el Congreso de los Diputados, el pasado martes. EP
Editorial

Junts, un socio incómodo

El partido de Puigdemont se resiste a admitir que Moncloa no puede aceptar imposibles ni amarrar la gobernabilidad a cualquier precio

El Norte

Valladolid

Domingo, 28 de enero 2024, 00:20

Han bastado dos meses desde la investidura para que Pedro Sánchez comprobara con nitidez la cualitativa dificultad añadida respecto a su anterior mandato que supone depender de los votos de Junts. Ni siquiera la controvertida amnistía arrancada por Carles Puigdemont, pendiente de completar su recorrido parlamentario, ha brindado sólidas garantías de estabilidad a un Gobierno que vive de sobresalto en sobresalto sin que las jugosas cesiones comprometidas con sus socios saltándose líneas rojas que él mismo había dibujado despejen un horizonte repleto de interrogantes. Aunque no resultan más decisivos que los otros aliados, los posconvergentes han adquirido un desmesurado protagonismo al exhibir que, de entre todos ellos, son a los que menos tiembla el pulso para poner al Ejecutivo contra las cuerdas pese a que, en teoría, estén interesados en su continuidad.

Si explícito fue Jordi Turull la semana pasada al exponer los objetivos de máximos a los que aspiran a corto plazo –o referéndum de independencia o «colorín, colorado» a la legislatura–, no lo fue menos este jueves la presidenta de Junts, Laura Borràs, al afirmar que, pese a haber empujado al PSOE a asumir que la ley de amnistía ampare también los casos por terrorismo que no hayan causado violaciones graves de derechos humanos, no da por concluida la negociación sobre las medidas de gracia y que seguirán apretando a los socialistas hasta este próximo martes, cuando el real proyecto ley se votará en el Congreso antes de su paso al Senado.

Junts, enzarzado en una agria pugna preelectoral con ERC, se comporta como si sus reivindicaciones soberanistas tuviesen un aplastante respaldo en Cataluña y un sólido anclaje legal que facilite su plasmación en realidad, lo que está muy lejos de suceder. Como con el traspaso «integral» de las competencias en inmigración para que la Generalitat pueda expulsar a extranjeros en situación irregular. Sánchez no puede hacer oídos sordos a tales planteamientos. Ni amarrar la gobernabilidad a cualquier precio como si careciera de otra alternativa que satisfacer en todas sus demandas a Puigdemont. Junts actúa con la arrogancia de quien tiene al Ejecutivo en su mano. Pero, aparte de la amnistía, todavía por aprobar, en la del presidente está decir no a imposibles, lo que, aunque tuviera consecuencias para la estabilidad de la coalición en el poder, entendería una buena parte de la ciudadanía si hubiese que volver a las urnas.

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