Una gestión en entredicho

La sucesión del incidente ferroviario que atrapó a más de 10.000 viajeros en la línea del AVE Madrid-Sevilla durante horas desde el domingo por la noche y del insólito apagón sufrido por todo el país justo una semana antes avivó ayer el cuestionamiento de cómo presta el Gobierno los servicios públicos que le competen y cómo responde a sus fallas. El Ejecutivo –lo hizo el presidente Sánchez desde Cataluña– lleva días abanderando una línea argumental que pone el acento en el modo en que se restablecieron la luz y las comunicaciones tras el histórico colapso, cuando eso constituía una obligación y lo más relevante es que aclare por qué se produjo un desplome que había negado que pudiera registrarse. El lunes, ante el caos en el servicio ferroviario, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se decantó por apuntar a la teoría del «grave sabotaje», una tesis menos comprometedora para el Gobierno que a la que apunta la investigación de la Guardia Civil: que el tráfico se fue al garete tras uno de los recurrentes robos de cobre en el tendido perpetrados por grupos organizados. No hay nada que despierte mayor desconfianza en los administrados que la opacidad. Y pocas cosas que irriten más que la falta de fiabilidad en servicios nucleares para todos.