Sin evasivas y sin silencios
La ministra Redondo y su antecesora, Irene Montero, están urgidas a ofrecer explicaciones nítidas sobre la falla con las pulseras antimaltrato
La violencia machista, la más atroz de las expresiones de la desigualdad, mató en 2024 a 48 mujeres en España; es decir, una a la ... semana. La cifra de asesinadas suma ya 28, a fecha de este jueves, en lo que va de 2025. El desgarro no debe impedir valorar los avances que, galvanizados por el feminismo, ha logrado el Estado de derecho para socializar que nunca podrá ser tolerable ni asumible segar la vida de una mujer y para proteger a tantas maltratadas –y a sus hijos–.
Pero la persistencia de un mal que atenta contra los valores más esenciales de nuestra convivencia no solo hace necesario, sino que obliga, a no bajar la guardia. A identificar las demandas de una amenaza cambiante y las lagunas del sistema. A dedicar recursos y aplicarlos con eficacia. Y también a la máxima transparencia posible cuando se detecten insuficiencias porque así lo requiere el compromiso colectivo con nuestras conciudadanas bajo coacción. Nada de ello ha operado, lamentablemente, con el agujero técnico que dejó sin acceso al historial y conducta previo al 20 de marzo de 2024 de maltratadores con órdenes de alejamiento controladas por pulseras telemáticas, el mecanismo 'Cometa' por el que están forzados a portarlas 4.500 hombres. El vacío se produjo al cambiar de proveedor –de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas– y tener que migrar la información. Y se ha destapado porque la memoria anual de la Fiscalía sostiene que esa fallida mudanza –ya solventada– provocó «una gran cantidad» de sobreseimientos y absoluciones de agresores.
De poco sirve que la propia Fiscalía haya rebajado, de forma incomprensible, lo denunciado por ella misma a «problemas puntuales» y que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se afane en negar desprotección a las víctimas, cuando es notorio que el resquicio se ha cubierto con un oscurantismo que va más allá de la imprescindible confidencialidad en un servicio público tan sensible. Para empezar, la dación de cuentas es imposible si las autoridades concernidas no explicitan ni las consecuencias de la falla ni el tiempo que duró. Pero lo que resulta hiriente es que Redondo culpe a los fiscales por alarmistas y se escude en que lo ocurrido solo ha repercutido en el 1% de los dispositivos, como si eso no implicara ya un riesgo. Urge que la ministra y su antecesora, Irene Montero –que avaló el nuevo contrato pese a constatarse el «diseño deficiente» de la transición y sobre la que planea el desastre de las excarcelaciones de violadores por la ley del 'solo sí es sí'–, ofrezcan explicaciones nítidas. Sin evasivas y sin silencios.
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