Error injustificable
La chapuza por la que la ley de paridad permite despidos por coger permisos para conciliar deja en evidencia a Gobierno y oposición
En una legislatura en el alambre desde su nacimiento y con una producción normativa bajo mínimos –ni siquiera han sido aprobados unos Presupuestos Generales–, la ley de paridad es, junto a la de amnistía, una de las cinco que han salido de las Cortes Generales. La regulación, apoyada solo por la ajustada mayoría que suman el Gobierno y sus socios, pretende avanzar hacia la igualdad efectiva de hombres y mujeres, para lo que, entre otras cuestiones, establece una presencia femenina mínima del 40% en los órganos de decisión de las instituciones y grandes empresas. Buena parte de sus medidas están bien encaminadas, pero el éxito en la lucha contra la discriminacion por razones de género precisa además de otras herramientas para superar los obstáculos todavía existentes. Causa estupor que un escandaloso descuido en la redacción del texto, no advertido hasta después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pueda tener graves efectos indeseables e indeseados por sus promotores: la posibilidad de que sean despedidos trabajadores que se acojan a permisos a los que tienen derecho para el cuidado de familiares. Semejante chapuza es consecuencia de una disposición sobre las víctimas de violencia de género incluida en un Estatuto de los Trabajadores sin actualizar que elimina de hecho la protección en esa materia de los empleados. El Ministerio de Igualdad ha prometido corregir tal dislate, algo que en ningún caso ocurrirá antes de que el próximo jueves entre en vigor el articulado.
Ni los altos cargos ni los servicios jurídicos de ese departamento detectaron a tiempo el error. Tampoco lo hicieron Trabajo ni el resto de un Gobierno con cientos de asesores antes de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley. La responsabilidad se extiende a todos los grupos parlamentarios, incluidos los de la oposición, que en la tramitación y debate de una iniciativa que están obligados a estudiar a fondo –es su labor– y a la que presentaron numerosas enmiendas no descubrieron ese disparate, lo que también los deja en evidencia. Solo así se explica su estruendoso silencio.
Que este ridículo afecte a una cuestión tan sensible como la conciliación, en la que el Ejecutivo desea plasmar su sello progresista, le otorga un especial relieve y le añade gravedad. Subsanar cuanto antes el desaguisado es primordial para limitar al máximo su posible impacto. Y mejorar la calidad de la producción legislativa, una necesidad patente.
