El dilema de Puigdemont

Con el jueves como plazo límite para elevar de nuevo al pleno del Congreso la proposición de ley de amnistía, las negociaciones entre el Gobierno y Junts entran en una fase crítica, con el margen de maniobra para alcanzar un acuerdo reducido al mínimo. La apertura de una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont en el Supremo las entorpece al redoblar la presión de su partido para aplicar la impunidad a todas las formulaciones de ese delito, lo que choca de bruces con la jurisprudencia de la Justicia europea. Los neoconvergentes ya tumbaron el texto actual por no incluir esa exigencia. Si mantienen su cerrazón y condicionan su apoyo al blindaje total del prófugo de Waterloo, cientos de encausados en el 'procés' no podrán beneficiarse del borrado de los delitos que pesan sobre ellos, salvo que el Ejecutivo se rectifique a sí mismo a costa de un mayúsculo varapalo judicial que, en tal caso, él mismo ha dado por seguro. Un dilema que pone a prueba el pragmatismo de Junts y de su líder en medio del pulso que libran con ERC por la hegemonía en el independentismo catalán en plena pugna electoral. Y que, además de determinar el futuro de la amnistía, puede condicionar el de la legislatura.