Un desgarro mayor

La imputación por una jueza de Madrid de Carlos Mur y Javier Peromingo, a los que se atribuye un papel determinante en los protocolos que descartaron hospitalizar a las personas mayores recluidas en las residencias al desatarse la pandemia, formaliza la primera acusación contra ex altos cargos de la Comunidad tras las 7.291 muertes registradas. La instructora encargada de la causa determinará si la actuación de ambos investigados derivó o no en tan dramático desenlace. Pero, cuando menos, la estremecedora envergadura de la tragedia, el padecimiento extremo de los vulnerables ante un virus despiadado, el desgarro de las familias que asistieron impotentes a cómo sus seres queridos fallecían sin el calor de su mano y la angustiosa frustración de los trabajadores en los centros exigían una mayor empatía y sensibilidad por parte de la Comunidad madrileña, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Y, sobre todo, una voluntad comprometida de hacerse cargo del dolor anidado en sus conciudadanos afectados. Pero la oposición debería evitar, a la par, cualquier sombra de oportunismo. La covid se cobró la vida de 35.000 mayores en residencias de todo el país en los tres años de contagio más crudos. Una herida lacerante a la que hemos pasado página sin una auditoría colectiva.

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