Agraviar a costa de Montero

La conversión de la reforma de la financiación catalana, en términos de singularidad y bilateralidad, en una de las claves de bóveda de los acuerdos por los que los independentistas sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez ha inducido un debate pervertido por las necesidades no del conjunto de las comunidades del régimen común, sino del Ejecutivo y sus socios de investidura. La colisión entre las ambiciones de Junts y ERC de un cambio orientado a apuntalar la soberanía de Cataluña –sin que medie un pacto constitucional como sí ocurrió en 1978 con el concierto vasco y el convenio navarro– y las aspiraciones del resto de autonomías aboca la negociación a un terreno imposible de empastar. Pero constatado esto y admitiendo que las medidas fiscales de los distintos gobiernos puedan estar sujetas a crítica, resulta intolerable el modo en que Junts azuzó ayer de nuevo los agravios entre territorios cargando esta vez contra Andalucía por beneficiarse supuestamente del dinero de los catalanes para «desgravarse el gimnasio y el animal de compañía». Un ataque ante el que el Gobierno está a la defensiva no solo por su dependencia del secesionismo, sino también por la temeraria decisión del presidente de hacer que la ministra de Hacienda de todos sea la candidata andaluza del PSOE.