Editorial: Vuelta al diálogo social

Resulta discutible que el sindicalismo trate de eludir la anuencia empresarial, mandatando al Gobierno unas u otras medidas

Manifestación del Primero de Mayo en Madrid./Fernando Alvarado/ Efe
Manifestación del Primero de Mayo en Madrid. / Fernando Alvarado/ Efe
El Norte
EL NORTEValladolid

El 1 de Mayo recordó de nuevo ayer que millones de mujeres y hombres contribuyen con su trabajo a la riqueza del país, procurando el bienestar de sus familias, sin que sus derechos laborales y condiciones de vida correspondan siempre a su imprescindible aportación al progreso colectivo. La creciente segmentación de la 'clase obrera', debido a los cambios tecnológicos y a la diversificación de las relaciones industriales, ha generado también vínculos laborales tan precarios que parecen escaparse a cualquier regulación justa. También ha afectado a la representatividad sindical, al atomizar e individualizar las cláusulas de contratación; y porque la afiliación en las 'organizaciones de clase' y su propio campo de actuación se centra en los sectores y empresas de empleo más estable. Ayer, tres días después de las elecciones generales del 28-A, las centrales sindicales CC OO y UGT se movilizaron en todo el país en compañía de dirigentes de la izquierda política, mostrando su deseo de que el nuevo Gobierno encarne de manera neta ese mismo signo. Una posición inobjetable, teniendo en cuenta su coincidencia de ideas con ese lado del arco parlamentario. Lo que resulta más discutible es que el sindicalismo más comprometido históricamente con el diálogo social trate de eludir la anuencia de las organizaciones empresariales, mandatando de manera unilateral al Gobierno para que ponga en práctica medidas que no cuentan con el acuerdo de la patronal. Desde el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, o la reforma de la vigente normativa laboral, hasta la subida o creación de determinados impuestos. Los sindicatos –cada uno de ellos– han de preservar su autonomía respecto a partidos e instituciones, y están más que legitimados para reivindicar al poder político tal o cual iniciativa legislativa o presupuestaria. Pero hay una línea crítica que no debieran traspasar, cual es la de perseguir la complicidad con un determinado Gobierno soslayando el papel que han de desempeñar en su espacio natural, el de la negociación con la patronal y las empresas, para obtener una posición de ventaja en el cumplimiento de sus objetivos a través del Ejecutivo de turno. La presunción ideológica de que las instituciones de la democracia liberal tienden a sujetarse a los intereses empresariales y financieros, por lo que los sindicatos estarían avalados moralmente para pretender eso mismo, conduce a un argumentario fatal para el diálogo social y para el desarrollo de la propia acción sindical. Porque ésta quedaría a merced de la influencia política que alcance el sindicalismo.