Editorial: Maroto, el senador impostado
La prueba de que la elección del político alavés sobrepasa de largo el espíritu de la norma es precisamente el revuelo (lógico) que se ha armado a escala nacional, incluso, y que el propio PSOE votara en contra de sus senadores
La elección del político alavés Javier Maroto, vicesecretario de Organización del Partido Popular, como senador propuesto por el PP por la comunidad de Castilla y ... León marca un hito ignominioso difícil de superar en la instrumentalización por parte de los partidos de nuestras instituciones democráticas. Gracias a la suma de los votos de PP y Ciudadanos, el exalcalde de Vitoria, que se empadronó recientemente en Sotosalbos (Segovia) para salvar ese trámite, se ha convertido en un senador impostado, en una especie de polizón de la delegación de la región en la cámara territorial de nuestras Cortes Generales. Y de ello, a pesar de su indiscutible legalidad, es directamente responsable el presidente de la Junta y del partido, Alfonso F. Mañueco, que no ha impedido que Génova resuelva sus problemas a costa no ya del PP regional, sino de los intereses de los ciudadanos de esta comunidad y su Parlamento.
La Constitución Española lo establece en su artículo 69. El papel del Senado es reflejar distintas sensibilidades territoriales o identitarias y complementar en ese aspecto al Congreso de los Diputados. Por eso, entre otras cosas, cambia su sistema de elección: los propios parlamentos regionales suman senadores que se votan en bloque y la circunscripción en ese cauce es la autonomía, no la provincia. Así pues, el lugar de residencia de los senadores es muy importante. Es clave. Y por tanto, el modo de demostrarlo, el padrón, también lo es. El argumento de que un vasco puede representar perfectamente los intereses de la región es falaz. Ya puestos, y un senegalés. Pero no se trata de eso. Se trata del fondo. Para eso, hagamos circunscripciones electorales únicas. La prueba de que esta elección (que no es equiparable a la de un candidato cunero en listas electorales porque aquí no se pide el respaldo directo de los votantes) sobrepasa de largo el espíritu de la norma es, precisamente, el lógico revuelo que se ha armado a escala nacional incluso; que el propio PSOE votara en contra de sus propios senadores, pues la elección de los tres propuestos se debe hacer conjuntamente, y que varios líderes del PP y de Ciudadanos (que pudo mostrarse a favor desde la primera votación) se hayan tenido que emplear a conciencia en dar continuas explicaciones. Sin éxito.
Los ciudadanos de Castilla y León deberán aceptar que entre sus más de dos millones de residentes el PP no haya encontrado mejor perfil que el de un político, Javier Maroto, que defiende la anexión del Condado de Treviño a Euskadi. Pero se equivocará quien piense que esos mismos ciudadanos tienen que compartirlo o comprenderlo. Este es un sapo que solo se tragan PP y Ciudadanos. Con todo, la solución no es solo, como planteaba Ciudadanos, lavándose las manos ante un hecho del que es directo responsable, volver a obligar por ley a que los senadores autonómicos deban ser procuradores, como sucedía hasta el año 2000, sino promover la retirada del requisito de empadronamiento. Directamente. Es evidente que no sirve de nada ni se tiene en cuenta para nada. Los partidos se ahorrarán problemas. Pero eso sí, no le quepa duda a nadie de que, ni en tal supuesto, en el País Vasco consentirían que un castellano o un leonés les representara en la Cámara Alta. Allí, es evidente, se tienen en mucha más estima.
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