Los Gobiernos pierden altura
Editorial ·
Los responsables públicos evitan gastos que son ineludibles para que el sistema sanitario resista y para acelerar la vacunación
Las advertencias de los expertos sobre las consecuencias de una Navidad relajada se están cumpliendo, tanto en el incremento de casos –ayer se batió desgraciadamente ... el récord de contagios con 38.869 casos cuando nunca se habían superado los 26.000– y fallecimientos como en su presión sobre el sistema sanitario. A lo que se suma un decepcionante inicio de la vacunación. Después de Reyes se abrió la discusión sobre si el panorama resultante de las fiestas navideñas responde a la renuencia institucional a adoptar más restricciones, o es resultado de una conducta ciudadana irresponsable. No se trata de inclinar la balanza de las culpas hacia uno u otro lado, sino de desentrañar la concurrencia de responsabilidades.
La mayoría de los ciudadanos se ha limitado a cumplir las normas y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero hay un aspecto de la cuestión que interpela directamente a las administraciones públicas. Cuando un ciudadano se arriesga a acabar contagiado y a contagiar a otros trasgrede el libre albedrío. Además, no es aventurado suponer que quienes desatienden reglas y consejos tampoco son quienes padecen las peores secuelas de sus actos. Por lo que el Gobierno central y los autonómicos en ningún caso pueden sacudirse su parte de responsabilidad ante un empeoramiento que sabían se iba a dar. Ni pueden asumirla de manera retórica sin extraer conclusiones que corrijan su actitud.
Cumplido un año de las primeras señales de alarma sobre la aparición de una neumonía de origen desconocido en Wuhan, las instituciones de gobierno continúan mostrándose reacias a anticiparse, y prefieren esperar a lo que pase la semana que viene para adoptar decisiones que siempre llegan tarde. Salvo alguna excepción, se ha convertido en la pauta común a todo el espectro partidario. Lo que se traduce en una injustificable resistencia a incrementar los medios humanos y materiales sanitarios, como se vio durante la primera ola en los hospitales, se comprobó en la segunda en Atención Primaria y la falta de rastreadores, y que en la tercera se evidencia como falla sistémica que amenaza con colapsar los servicios de salud y comprometer, a la vez, la vacunación.
Los responsables públicos coinciden en tratar de no mostrarse agoreros y en evitar gastos de emergencia que eluden sin un porqué. Pero el desarrollo de los acontecimientos les está situando ante una opinión pública cada día más crítica hacia su proceder.
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