La subida generalizada de las pensiones según el nuevo marco legislativo que liga su evolución al IPC está dando lugar a un debate, cada vez más encendido al calor de una inflación que no afloja, que ayer enfrentó a la OCDE y a los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras y UGT. Se trata de una discusión pública poco menos que inevitable cuando se dilucidan aspectos para los ciudadanos tan relevantes como la respuesta a unos precios desbocados, el aguante del poder adquisitivo de quienes perciben las prestaciones por jubilación y otras condiciones o la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Las declaraciones del alto cargo de la OCDE Hervé Boulhol, que ha abogado por revisar excepcionalmente este año ese incremento extensivo de las pensiones limitándolo a aquellas de menor cuantía, no difieren del posicionamiento de la Comisión Europea y del Banco de España. Unas advertencias sobre el desembolso extra que supondrá la medida–10.000 millones en 2023– que los sindicatos pueden, legítimamente, rebatir con sus argumentos. Pero sin trivializarlas ni inferir que, aunque el Gobierno mantenga sus intenciones, no hay razones igualmente de peso para cuestionar su aplicación sin distinciones.
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