En riesgo la paz civil

Concurriendo consenso general sobre la impertinencia y el exceso de esas palabras de Pedro Herrero, y constando desde el día posterior que tanto él como su superior autonómico habían admitido públicamente el error, no pueden descontextualizarse de las demás que se vertieron previamente en el mismo acto, como recogieron clarificadoramente las ediciones de los días 29 y 30 de este periódico, y ofrece públicamente la grabación videográfica de las casi cinco horas del pleno disponible en la web del ayuntamiento.

Ambas fuentes refieren que con anterioridad la portavoz del PP, Blanca Jiménez, se había dirigido a los miembros del grupo de Pedro Herrero llamándoles «sinvergüenzas», ofensa agravada con la precisión de que «llamarles sinvergüenzas no es un insulto, es un adjetivo calificativo»; y que seguidamente el portavoz del grupo municipal de Vox, Víctor Martín Meléndez, se dirigió al mismo grupo diciendo que su partido era el «más corrupto y criminal de la historia de España, pasado y presente» (sic), sin que el alcalde y presidente ejerciera a continuación sus reglamentarias facultades moderadoras.

Naturalmente, contando con tales antecedentes se entiende de otra forma la errada reacción del portavoz socialista diferenciándola de la presentada por José F. Peláez en su artículo, porque fue el portavoz de Vox -ofendiendo tan grave y esencialmente al partido de Herrero- quien puso el debate en un espacio de violencia dialéctica ya en el nivel conceptual de los fusilamientos dentro del cual el exceso adquiría sentido (bien que ascendiendo otro escalón hiperbólico), como dice Peláez «trivializando el lenguaje del terror» y trasladándolo al interior del «trauma de este país con la guerra [pues] está vivo», según su doble reproche vertido solo contra Herrero, cuyo partido quedaba degradado al nivel no ya de la corrupción ni del crimen, sino del «crimen maximus» en toda la historia de España, que convendrán ustedes que es una historia con extensa colección de crímenes. De manera que al omitir el artículo la denigrante humillación previamente dirigida contra el partido socialista, estamos en el supuesto que paradójicamente imputa el articulista al ofendido, propiciando la «sospecha profunda de que el otro no es rival, sino enemigo; que no se le combate, se le extermina; que no se le rebate, se le elimina», puesto que no solo es un agente político sino que además es un criminal.

Con todo, apuntando a lo positivo, conviene buscar las razones que expliquen estos acontecimientos en un salón de plenos que desde la llegada de los ayuntamientos democráticos en la primavera de 1979, bajo las presidencias de todos los anteriores y variopintos alcaldes, no había asistido a la espectacular degradación propiciada por los ominosos insultos pronunciados y recordados en el pleno del 28 de julio: cocainómanos, puteros, palanganero…, es decir cuarenta y seis años después de aquella primavera, sin que el alcalde lo cortase de raíz desde el mismo momento en que su portavoz emitió el primer (y gratuito) insulto, esperando a las expresiones del portavoz socialista.

La coincidencia de esos insultos con los que circulan habitualmente mimetizando el muy degradado panorama político nacional, en primer lugar; la citada inhibición, en segundo lugar, del alcalde, sumándose incluso a veces a la pervertida polémica concejil; y, en tercer lugar, la sobreactuación de los concejales interpretando una agresividad que no corresponde al pacífico perfil personal que se les conoce, permitiría racionalmente deducir que el lamentable cuadro que arrojó el pleno del 28 de julio es consecuencia de una extensión al ámbito municipal del envilecimiento de la vida pública cuyo reinado se ha impuesto en las instituciones parlamentarias centrales, ocupadas, ellas sí, por, como dice José F. Peláez, esos «partidos guerracivilistas tomados por macarras» y por las «barras bravas irresponsables, con las capacidades psíquicas y morales dañadas», haciendo que instituciones relativamente menores, como nuestro Ayuntamiento, a cuyo gobierno concurren gentes de modales ordinariamente educados y respetuosos con los demás, propicien estas grescas tabernarias en las que los contendientes se cruzan palabras impropias de ciudadanos comprometidos en una convivencia democrática cuya recuperación constituye una urgente y vehemente exigencia de todos los vallisoletanos de buena voluntad; y cuya progresiva perversión pueda acabar conduciéndonos a la destrucción de la paz social por cuya pervivencia todos deberíamos tener el máximo interés aunque para ello debamos, unos y otros, contenernos no haciendo todo lo que podríamos hacer.