Ayudar a bulto

Editorial ·
El Gobierno desconoce el beneficio social que supone la suspensión de los desahucios o el impacto real de las rebajas tributarias a la hostelería

El Norte

Valladolid

Miércoles, 23 de diciembre 2020, 08:07

El Consejo de Ministros abordó este martes dos de las reclamaciones más sentidas desde el pasado mes de marzo. La demanda de suspender durante el ... estado de alarma los desahucios por impago de familias sin alternativa habitacional, y los cortes de suministros a tales hogares. Y la petición unánime del sector hostelero para recibir ayudas directas y ser acreedores a bonos de consumo sufragados por el erario. La primera de las reclamaciones apelaba a una medida humanitaria que no debería extenderse más allá de la emergencia sanitaria, por cuanto podría pasar a ser un factor de distorsión en el mercado inmobiliario.

En el caso de la hostelería, las reducciones y dilaciones tributarias pueden atenuar las dificultades que atraviesan aquellas empresas que han sido capaces de soportar el cierre de sus establecimientos, han conseguido habilitar su entorno exterior o han logrado reciclarse mediante la oferta de productos para llevar o enviar a domicilio. Pero no son suficientes para mantener aletargada la actividad de la inmensa mayoría de los negocios durante el tiempo que se prolonguen las restricciones, después de transitar por nueve meses de cierres y aperturas limitadas. Es evidente que la pandemia está imponiendo la reestructuración de un sector estrechamente vinculado a los hábitos de ocio, socialización y de uso del espacio público en España.

Los cambios que el coronavirus introduzca en las costumbres ciudadanas, más allá del estado de alarma, especialmente entre aquellas personas que se sientan formando parte de grupos de riesgo, pueden apuntar al retraimiento del consumo hostelero. Pero junto a ello cabe la posibilidad de que la clausura definitiva de muchos negocios dé paso a otros de similares características, con los mismos o distintos titulares. El Gobierno ahorra al Estado las ayudas directas que reivindica el sector, alegando que algunas comunidades autónomas se van haciendo cargo de las mismas.

Más difícil encaje hubiese tenido, desde el punto de vista del interés público, la bonificación de los consumos. Aunque los esquemas sobre los que ayer se pusieron finalmente de acuerdo los Ministerios concernidos, con rebajas en el alquiler en el caso de grandes tenedores y la extensión de los ERTE por fuerza mayor, representan un ejercicio prospectivo muy a distancia de las necesidades que aquejan a los hosteleros. Valorar las medidas adoptadas en 4.220 millones de euros depende de cuántas empresas y trabajadores puedan acogerse realmente a las mismas. Y el Gobierno desconoce ese detalle.