Cuando Pablo Fernández (Unidas Podemos) presentó en una rueda de prensa su reforma de la ley de publicidad institucional, algunos de los periodistas que ... estábamos allí, sin conocer en qué quedaría finalmente el articulado ni que habría un acuerdo PSOE-Vox-Unidas Podemos-Francisco Igea para aprobarlo, le advertimos de que abría la puerta a interpretaciones capciosas. Que lo que se mostraba como una herramienta para garantizar la pluralidad informativa y evitar que la Junta condicionara a los medios de comunicación con la chequera publicitaria podía desembocar en todo lo contrario: un artilugio que facilitara ese control.
Publicidad
No hizo nadie mucho caso. Ni siquiera el PP, convencido de que aquello no tenía recorrido por más que en estas páginas se lo contábamos a ellos igual que a ustedes. Intentaron dilatar la tramitación sin éxito, no prepararon ni una enmienda, no quisieron negociar algo bien hecho. Y los demás tiraron con lo que se les ocurrió. Incluidas cosas arbitrarias como la limitación de la publicidad institucional a un 33% (¿por qué no un 20% o un 85%?), o que un medio con tres condenas por rectificaciones quede fuera del reparto. Ignacio Escolar, de eldiario.es, contaba que en 2024 su medio se gastó en abogados 143.139 euros. Con ese volumen de demandas, a veces un error puede interpretarse judicialmente como un delito. Y en Castilla y León, con tres 'strikes', a la calle.
Tan precipitada fue la tramitación, que el mismo día que se aprobó ya admitió el PSOE que habría que retocarla. Y ahora el Consejo Consultivo dice que ojo, que muchos de los preceptos clave parecen poco o nada constitucionales.Legislar es algo serio. Y legislar sobre la desinformación es necesario. Hacerlo mal es una amenaza.
3€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión