Sánchez, Cerdán y un fiscal por encima del bien y del mal

Pero fue una afirmación tramposa, un motor gripado, un disco de freno al rojo vivo, un desparrame de falacia, pólvora mojada, rancho para la tropa. La verdad verdadera es que, por ahora, en este país quienes, por encima de todos, persiguen a los presuntos delincuentes como García Ortiz o Cerdán no son los fiscales, sino los jueces de instrucción como Hurtado. El atropello político, institucional y democrático, incluso intelectual, al que se ve sometida la ciudadanía ya es de tal dimensión que la vida social en su faceta puramente cívica se está espesando a pasos agigantados. Hasta convertirse en una atmósfera irrespirable. Un vertedero al más puro estilo Donald Trump. Por eso adivino que muy pronto la frase del presidente será directamente reformulada aludiendo a 'jueces delincuentes'… Sin merodeos. Hay que esperar a que él supere esta fase de victimismo que ha iniciado y a que el personal olvide a ese ex secretario de organización del que usted me habla.

Recordemos que en el entorno del PSOE y el Gobierno se llevaban las manos a la cabeza cuando, en los acuerdos con ERC y Junts, se incluía el concepto 'lawfare' (guerra sucia judicial, en castellano) y algunos criticábamos que tal cosa pudiese formar parte de ningún pacto democrático de legislatura. ¡No por dios!, nos reprochaban. Pues bien, aquello hace tiempo que quedó en una minucia si lo comparamos con el ataque constante, sibilino o furibundo dependiendo del portavoz, que está sufriendo el poder judicial por parte de Moncloa y sus socios radicales. Escuchar a Rufián (ERC) analizar y vilipendiar las decisiones de los jueces solo es comparable con escuchar a Gallardo, el líder socialista extremeño, valorando la labor de la jueza que ha instruido su caso y, con argumentada exposición motivada, ha calificado de fraude de ley que el político de Villanueva de la Serena haya hecho dimitir a cinco compañeros para entrar en el parlamento regional y aforarse. Cuando además dijo que no lo haría. Cerdán dimite y entrega su acta de diputado, así que pierde su aforamiento. Gallardo todo lo contrario. De cine.

La verdad es que yo esperaba que Sánchez hubiese dicho: «Miren señorías. Este gobierno, entre guardias civiles que persiguen a fontaneros como Leire Díez o a ex secretarios generales del PSOE como Ábalos y presentes como Cerdán y la propia Leire Díez o los mismísimos Ábalos y Cerdán, siempre estará con los guardias civiles, con la UCO». Pero no. Parece que la Fiscalía es la única que persigue delincuentes y que los jueces en general y la UCO en particular son eso que el ministro Óscar Puente llamó «la oposición real». La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, de perfil progresista y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, nada sospechosa de derechista ni carcundia conservadora, dijo, en relación con la actitud del Ejecutivo, lo que se entrecomilla a continuación: «No caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces. Ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la propia Constitución encomienda al Poder Judicial». Amén. Las valoraciones de Puente, que el jueves dijo que había sido un día «muy duro» para el PSOE y que el partido «va a estar a la altura», y las lágrimas de Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, decepcionada con su compañero de federación, solo serían creíbles, dignas, coherentes, si el presidente Sánchez asumiera alguna responsabilidad. Por una vez al menos. Dimitir sería lo mínimo, teniendo en cuenta que, por mucho menos, se le presentó una moción a Mariano Rajoy. Así es, señor ministro de Transportes, como únicamente estaría a la altura el partido.

Con todo y con ello, defiendo que lo más grave no es lo de Cerdán, sino lo que sucede con la Justicia y, particularmente, con el fiscal general. Yo recomendaría a cualquier ciudadano mínimamente consciente y cabal que se hiciera con un libro que publicó hace unas semanas Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo, juzgador del 'procés' y fiscal de carrera. Se titula 'La justicia amenazada' y recorre a lo largo de 350 páginas bastantes de los problemas de los que adolece nuestro sistema judicial.

En su descripción de la situación en España, y a modo de introducción, arranca así, para abrir boca: «La historia enseña que el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones. La separación de poderes, nota definitoria de cualquier Estado constitucional, tiene que ser percibida como mucho más que una declaración puramente formal o programática. El equilibrio entre los poderes del Estado no puede limitarse a un enunciado normativo sin aplicación práctica. Antes, al contrario, debe ser la regla que defina y delimite las respectivas parcelas funcionales de cada uno de los poderes del Estado».

Eso, y no las andanzas de personajes como Koldo, Ábalos o Cerdán, es lo que está estallando por los aires y sometiendo a las sociedades democráticas de medio mundo a unas tensiones insoportables de inestabilidad y enfrentamientos. Porque eso, alimentado por la polarización extrema, el clima de confusión e incredulidad generalizados, la desorientación de la ciudadanía y ese instinto del votante de refugiarse en su tribu y sus prejuicios, es lo que hace que un presidente acorralado por varios casos judicializados como Sánchez siga en su cargo. No solo: es también lo que hace que, llegando las elecciones, vuelva a tener opciones de gobernar.