Editorial: alta mortandad en las residencias de Castilla y León
EDITORIAL ·
Los fallecidos en centros de Castilla y León deberían suscitar en las fuerzas políticas regionales una reacción mucho más contundente
La Junta de Castilla y León reflejaba ayer en su página web el siguiente dato: en lo que llevamos de pandemia, en nuestra región han muerto a causa de la enfermedad Covid-19 –con test positivo o síntomas compatibles– más de 1.600 personas mayores residentes en centros asistenciales de toda la comunidad. Para hacerse una idea de lo que representa esa cifra, el año pasado en toda España se registraron 1.098 muertes por accidente en carretera; apenas 30 municipios de Valladolid tienen más de 1.600 habitantes, solo cien menos de los que cabrían como espectadores en el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes lleno a rebosar... Apenas imaginarlo hiela la sangre. La página de la Junta también mostraba otros datos, que no permiten aventurar unas próximas semanas fáciles en esas instalaciones, públicas o privadas, todas bajo tutela de la Consejería de Familia. Así, en ellas viven a día de hoy 2.499 personas con el virus confirmado y otras 2.280 en aislamiento con síntomas. Sobra añadir que bastantes de ellas, por mero cálculo de probabilidades, morirán pronto. Las provincias que más han sufrido la letalidad que causa la pandemia en esa población especialmente débil y sensible son Segovia, Salamanca y León. Castilla y León y Castilla-La Mancha, por último, y como refleja una información que publicamos este lunes en nuestras páginas, están acusando el impacto de la enfermedad en sus habitantes de más avanzada edad de modo superior al de otras comunidades. Este panorama devastador, incalificable, lejos de suscitar reacciones contundentes en la población, en nuestras fuerzas políticas o en nuestros dirigentes institucionales, que no parecen conscientes del terrorífico sufrimiento que supone para los afectados y cientos de familias, transita sin especial protagonismo en el magma de guarismos y estadísticas con que todas las administraciones nos informan a diario sobre la evolución de la crisis sanitaria. Esta pandemia no tiene más culpables directos que el SARS-Cov-2, pero todos los líderes institucionales y responsables políticos y públicos, de todos los partidos, deberían implicarse en la salida de esta crisis como si les fuese la vida en ello. Muy particularmente, porque afecta sobre todo a nuestros mayores. Es asombroso y triste el escaso valor que nuestra clase política regional, sin distinción de ideología ni partido, está concediendo a esta realidad. Debería remediarse cuanto antes.
